Debido al creciente desarrollo y rápida expansión de la IA, un grupo de senadores y senadoras presentaron un proyecto que busca modificar el Código Penal, con el fin de sancionar aquellos delitos que se cometan a través del uso de la IA.
Debido al veloz desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) a nivel mundial, es que senadores y senadoras presentaron, mediante moción, un proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar, como circunstancia agravante de la responsabilidad, el uso de la IA en la comisión de un delito.
Según informaciones de la Cámara Alta, la iniciativa que fue ingresada por los senadores Kenneth Pugh (Independiente), Rodrigo Galilea (RN), y las senadoras Ximena Órdenes (Independiente), Ximena Rincón (Independiente) y Luz Ebensperger (UDI), se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado y será estudiada, en primera instancia, por la Comisión de Constitución.
Como bien explica el fundamento del proyecto, “las diversas y vertiginosas manifestaciones de la revolución digital que se encuentra en pleno desarrollo a nivel mundial, plantean enormes y urgentes desafíos en materia legislativa y regulatoria”, se ha generado un interés global, y en algunos casos preocupación, por los alcances que podría tener esta nueva tecnología contemporánea.
En efecto, y a la par de las posibilidades que ha brindado el surgimiento de la IA, ya van configurándose a nivel mundial reglamentaciones, o bien una normativa, que delimite la utilización de esta. Un caso reciente es el de los Premios Grammy, organización que cambió sus reglas y tipificó que solo podrán concursar, como a la vez ser premiadas, obras musicales compuestas por humanos y no se aceptará ningún trabajo creado a través de esta herramienta.
En ese sentido, el proyecto de ley versa que “por primera vez en la historia, las potencias y países desarrollados han visto cómo las tecnologías digitales y de la información avanzan a un ritmo nunca antes visto, al punto de tener que disponer -en ciertos casos- de medidas para ‘frenar’ su impulso, con el objeto de ganar cierto tiempo que permita analizar las consecuencias de dicho avance y actualizar los ordenamientos jurídicos”.
En consecuencia, el objetivo central y contenido del proyecto de ley radica en la propuesta de incorporar medios disuasivos respecto al mal uso de la IA, cuando esta se destina a la comisión de delitos de diversa índole, afectando así los derechos de las personas.
De esa forma, la iniciativa propone la incorporación de una circunstancia agravante de la responsabilidad penal en el artículo n°12 del Código Penal, el cual habla de que acciones corresponden a circunstancias agravantes, incluyendo así el numeral 23.
Por lo que, en definitiva, y de aprobarse en ambas Cámaras, la modificación expresaría que “Son circunstancias agravantes: (…) 23. ° Cometer el delito mediante el uso o por medio de inteligencia artificial”.
La académica UdeC y abogada del Estudio Jurídico Schubert y Sepúlveda, especializada en Derecho y Tecnologías, Ximena Sepúlveda, explicó que “no hay duda de que la delincuencia ha trasladado sus acciones desde el mundo analógico al ciberespacio, ello a causa de cambios sustantivos que hemos enfrentado como sociedad a causa de la globalización, la automatización, la importante tasa de inserción del uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. (…) Algunas herramientas de IA pueden constituirse como un elemento que, usado con fines delictivos, facilite la comisión de delitos comunes, no solo dirigidos contra el patrimonio como suele primeramente pensarse, sino que también contra la indemnidad sexual, la fe pública, entre otros”.
Por tanto, Sepúlveda explica que establecer como circunstancia agravante de la responsabilidad penal la utilización de Inteligencia Artificial en la comisión de un delito, es algo recomendable. Aunque, sin perjuicio de lo anterior, hace énfasis en que es necesario avanzar en una regulación más completa del tema del uso ético de la IA en términos generales.
La abogada también explicó que, en Chile, la regulación de la IA actualmente se reduce a la existencia de una política nacional en la materia, cuyo objetivo es establecer una estrategia nacional (de carácter no normativo), para anticiparse a los efectos de la IA en el futuro del país, en su cultura y su economía.
Además, señaló que el insumo básico necesario para el funcionamiento de esta herramienta, la información y los datos personales, cuentan con protección constitucional tipificados en el artículo 19, inciso n°4 CPE (garantizado por la vía del recurso de protección), y que también esto se encuentra regulado en la Ley de Protección de Datos, la cual es vigente desde la década de los noventa (Ley N°19.628).
Por su parte, y en lo que refiere a materia penal, la ley sobre delitos informáticos “podría tener relevancia en materia IA, porque la mayor parte de ellos tienen relación fáctica con ilícitos que utilizan este sistema como herramienta comisiva, de forma tal que esta ley facilita la investigación y sanción de esos delitos”.
El senador de la República, Enrique Van Rysselberghe (UDI), señaló al respecto que es una iniciativa “que es necesaria y resulta prudente comenzar a analizar y estudiar los posibles efectos nocivos que para la sociedad puede tener el mal uso de la inteligencia artificial”.
Destacó que, en el último tiempo, el Congreso ha iniciado el estudio de una serie de proyectos que buscan actualizar diversas leyes, incluyendo el Código Penal, incorporando así la digitalización que se está viviendo como sociedad y civilización. “Así, estamos legislando sobre la protección y el tratamiento de los datos personales, la regulación de los delitos informáticos, la ciberseguridad y la infraestructura crítica de la información. Esta iniciativa viene a sumarse a una política de actualización de la legislación chilena para la era digital y esperamos que sea de rápida tramitación”.
En esa misma línea, el diputado Eric Aedo (DC), quien también es presidente de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados y Diputadas, señaló que “es fundamental avanzar en esta materia. De hecho, nuestra legislación está atrasada respecto al uso de la tecnología en hechos delictuales. Por lo tanto, esta iniciativa va en la dirección en la que tenemos que avanzar como país”.
“Sin duda que tenemos que robustecer nuestra legislación y adecuarla a la realidad, y en este caso a los delitos que se pueden cometer con el apoyo de la tecnología. Se trata de que el Estado se ponga al día en la persecución de este tipo de delitos, especialmente porque es el crimen organizado el que está ocupando con mayor eficacia la tecnología para cometer acciones ilícitas”, dijo Aedo.
