Preocupación genera en el gremio pesquero la instalación de gasoducto por posibles daños a la actividad. Alcalde Henry Campos anticipa que equipo jurídico estudia pasos a seguir, misma situación de Penco.
Municipalidad de Talcahuano y pescadores artesanales se encuentran evaluando medidas judiciales para detener el avance en la construcción y funcionamiento del terminal marítimo de Gas Natural Licuado (GNL) Penco-Lirquén, recientemente aprobado por el Comité de Ministros del Gobierno.
Esto se sumaría a las acciones que realiza la Municipalidad de Penco para acompañar recursos que ya existen contra el proyecto en el Tribunal Ambiental de Valdivia, según se indicó a Diario Concepción.
El alcalde Henry Campos aseveró que, tras conocer la determinación del Comité de Ministros, no tienen claridad de qué harán como municipio en materia jurídica. Sin embargo, “lo está verificando el equipo jurídico”.
“No han tenido todavía las certezas de cuáles son las acciones que puedan ejercer particularmente en el Tribunal Ambiental. Tenemos que evaluarlo y, además, (evaluar) si se nos permite adherirnos”, señaló.
El interés municipal por hacerse parte de la oposición al gasoducto surge porque “el terminal está en Penco-Lirquén, pero las aguas son de la bahía (Concepción) y llegan a nuestra comuna. Por lo tanto, ahí es donde estamos revisando la posibilidad de adherirnos a las acciones en el Tribunal Ambiental”.
Si bien no tienen certeza sobre la eventual materialización del gasoducto por lo que pueda ocurrir en la instancia legal ambiental, para tener una decisión a nombre de la casa comunal Campos estableció como plazo máximo la próxima semana.
El alcalde de la comuna chorera dio cuenta que han llevado a cabo diálogos con pescadores artesanales, quienes manifiestan su preocupación por los perjuicios que traería la instalación en la costa del Biobío.
“Si uno analiza, hay lugares donde hay recursos bentónicos y se hace extracción de pesca, y esto puede generar un daño ambiental o un problema para la operación de los pescadores artesanales”, dijo.
En ese sentido es que Cristian Arancibia, jefe del Equipo Técnico de la Federación de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa), afirmó que como agrupación mantienen una visión crítica que se arrastra hace años, desde que inició el plan.
“En nuestro juicio con asesoría de academia, hay señales de cuidado respecto a elementos fundamentales como la cercanía del terminal con la población y caletas de pescadores, donde no se respeta el resguardo mínimo de distancia”, dice, añadiendo que esto afectaría la actividad diaria. “Lo segundo es que el proceso de regasificación a nosotros nos preocupaba mucho entre 2014 y 2016. Este mecanismo, para nosotros, es dañino para el medio marino de la Bahía de Concepción, ya que usa cloro”.
El dirigente profundizó que “lo más preocupante ocurrió el año 2016 cuando descubrimos que la empresa dueña del proyecto generó convenios secretos con organizaciones de pescadores comprando su visto bueno con aportes futuros, denuncia que hizo Ferepa y que se conoció públicamente.
Eso hizo que la empresa retirara el proyecto con el nombre Octopus y lo repusiera en 2016-2017 como GNL Penco-Lirquén, pero es el mismo y las preocupaciones siguen”.
Para Arancibia lo perjudicial se podría observar en la cotidianidad con el uso de cloro y agua de temperatura distinta a la de la bahía, lo que impediría la proliferación de recursos hidrobiológicos. A su vez, se limitaría el rango geográfico de acción de los pequeños pescadores debido a la operación de buques grandes y la posible generación de una zona de resguardo.
“Tenemos un mes para poder generar acciones en el Tribunal Ambiental. Estamos analizando lo determinado por el Comité de Ministros para generarlas. Debemos hablar con las organizaciones de pescadores del sector por si van a acompañar una medida de protección que busque revertir el fallo. Entendemos que el cambio en la matriz energética es fundamental, pero no es justo que ese costo lo pague la comunidad de pescadores”, cerró el jefe del Equipo Técnico de Ferepa.
