Siempre y cuando se les consulte a las víctimas y estas den su aprobación, dijeron. Además, los profesionales de la ley señalan que esto podría potenciar el Plan Nacional de Búsqueda.
En el marco de los 50 años del Golpe de Estado, el Gobierno presentó una agenda legislativa de cinco proyectos de ley sobre Derechos Humanos, los que buscarán fortalecer esta materia en el país como también potenciar el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda.
Entre ellos, se encuentra el que busca habilitar la posibilidad de que quienes hayan presentado su testimonio a la Comisión Valech, puedan solicitar el levantamiento de la moratoria de secreto, tomando en cuenta que, al tiempo de ser presentada, se le decretó una confidencialidad a los relatos por un tiempo de 50 años.
Ante esto, cabe preguntarse ¿Qué fue la Comisión Valech (2003)? Como así también otra de las instancias claves para la documentación y establecimiento de la verdad de hechos históricos ocurridos en el país que le antecedió: la Comisión e Informe Rettig (1990). Dos comisiones que, sin duda, abrieron la puerta al proceso de reparación para las víctimas y sus familiares.
Fue el 12 de agosto del 2003 cuando el ex Presidente Ricardo Lagos, siguiendo la ruta de reparación y memoria sobre lo ocurrido en dictadura, presentó una serie de medidas sobre Derechos Humanos para el país en un documento titulado “No hay mañana sin ayer”, y que estaban enfocadas en perfeccionar la búsqueda de verdad y justicia.
Entre dichas medidas, se encontraba la Comisión Valech -creada en 2003 por el decreto supremo N° 1040-, conocida también como Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la cual, a diferencia de la Comisión e Informe Rettig -que ya veremos más adelante- se enfocó en recibir los testimonios en primera persona de quienes sufrieron torturas en dictadura (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura/Biblioteca Nacional Digital).
Definida como un órgano asesor del Presidente de la República, y que contó con el apoyo técnico y administrativo del Ministerio del Interior, la Comisión Valech fue integrada por ocho personas nominadas por el Jefe de Estado.
Quien la presidió fue Monseñor Sergio Valech (de ahí su nombre), María Luisa Sepúlveda (vicepresidenta), Miguel Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Álvaro Varela.
Luego de un arduo trabajo de entrevistas y conversaciones con las víctimas, lo cual el informe final versó como “más de treinta mil personas han desfilado frente a nosotros, las hemos visto y las hemos escuchado. (…) Y más de treinta mil veces hemos escuchado el estupor, el temor, la impotencia que aún genera la dignidad violada por agentes del Estado (…)”, la Comisión Valech logró, gracias a la valentía esencial de quienes sufrieron, dejar un registro histórico de la verdad de todas las barbaries cometidas en dictadura y de quienes le obedecieron.
Ligándolo al presente, una de las voluntades del Gobierno dentro de la materia legislativa de DD.HH., anteriormente expuesta, es poder levantar, previa consulta a las víctimas, el secreto otorgado a los testimonios del Informe Valech por 50 años, pero ¿Por qué el secreto?
Una de las premisas para este efecto es lo que el mismo informe expone en su presentación a modo de pregunta y, luego, como respuesta. “¿Por qué el silencio de las víctimas? Se entiende el de los victimarios, que a su vez han sido víctimas de sus acciones. Pero ¿Por qué el silencio de las víctimas?”.
Y continúa con que “después de mucho meditar, nos damos cuenta que es un silencio basado no sólo en el temor ¡Y cuánto temor! También hay un aspecto elemental de dignidad. Una cosa es presentarse a la familia después de haber sido detenido. (…) Pero descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y psicológica, es algo muy difícil de hacer”.
Incluso, el mismo ex Presidente Lagos explicó el por qué del secreto hace tan solo unos días en una entrevista televisiva. En la instancia, recordó que una señora, torturada y abusada en dictadura, le contó que “yo declaré la verdad. Abusaron de mi por todas las partes de mi cuerpo. (…) Pero yo, señor, quiero que mis nietos no sepan cómo fue abusada su abuelita. Entonces, 30 años es poco, porque espero estar viva. (…) Exijo 50 años”.
De ahí, según el ex Jefe de Estado, el tiempo de la confidencialidad que luego se hizo norma con la Ley N° 19.992, promulgada en 2004.
Ahora bien, respecto al objetivo del Gobierno de poder levantar parcialmente los secretos de los testimonios previa consulta a las víctimas, la abogada de DD.HH., Patricia Parra, indicó que “es una oportunidad de allegar nueva información al Plan Nacional de Búsqueda”.
“El hecho de que sea planteada en términos de respetar la voluntad personal, en este caso, de las víctimas sobrevivientes o de los familiares, me parece a todas luces lo más acorde al compromiso asumido en su oportunidad por los Gobiernos democráticos. Me parece además respetuoso por lo vivido por las víctimas sobrevivientes y que pudieran haber fallecido en estos años”, señaló Parra.
De esa misma forma, y a su modo de ver, el abogado también dedicado a la materia de Derechos Humanos, Adolfo Montiel, dijo que “a mi me parece positivo, pero no se olvide de que hay un compromiso de mantener el secreto, se podría caer en la revictimización”, pero, a todas luces, “lo encuentro positivo”.
A esto, Montiel indicó que encuentra también positivo que “27 condenados de Punta Peuco hayan hecho una declaración reconociendo su participación (en violaciones a los Derechos Humanos), culpando a los altos mandos”, aunque ahora, es necesario que “entreguen antecedentes a la Justicia, porque esto está todo judicializado”.
Junto con ello, indicó que es vital que puedan dar declaraciones para poder seguir el rastro de los aún detenidos desaparecidos del país, que a nivel nacional corresponden a 1.162 personas y en el Biobío a 149. De tal forma, esto, junto con el levantamiento parcial del secreto del Informe Valech, podría contribuir aún más al Plan Nacional de Búsqueda.
Sobre esta última acción gubernamental, la abogada Patricia Parra declaró que, a lo referido de la Comisión Valech, “sí puede ayudar de sobremanera a la búsqueda que se ha planteado en el Plan Nacional de Búsqueda. Establecer con claridad cuál fue el esquema del accionar represivo en relación con las víctimas específicas, cuál fue el organigrama que se tuvo en cuenta para llegar a esa víctima en concreto, ciertamente es una información que va a ayudar a lograr, con mayor certeza, a establecer nuevas líneas investigativas”.
Asimismo, Parra explicó que esto traerá un gran desafío al Ejecutivo, el cual es “que el tiempo apremia. Las víctimas sobrevivientes son personas mayores, muchas de ellas con secuelas físicas y psicológicas, (…) y muchos han fallecido. Por otro lado, está la impunidad biológica de la que se han favorecido los victimarios, de tal suerte de que ese desafío, a mi juicio, tiene que ver con un esfuerzo humano y económico en tratar de invertir recursos en profesionales que tengan experiencia y conocimiento en las temáticas que se desean abordar”.
Fue el 25 de abril de 1990 cuando, en el tiempo en que recién se estaba reestableciendo la democracia en Chile, el ex Presidente de la República, Patricio Aylwin, por medio del Decreto Supremo N° 355, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig/Memoria Chilena).
Mayormente conocida como la Comisión Rettig, fue compuesta por Raúl Rettig (su presidente), Jaime Castillo, José Zalaquett, Ricardo Martin Díaz, Gonzalo Vial, Laura Novoa, Mónica Jiménez y José Cea.
El resultado final de la investigación de los anteriores comisionados, dio como conclusión tres tomos de gran extensión -los cuales abarcaron un estudio desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de septiembre de 1990- en donde se recibieron poco más de 3.500 denuncias de las cuales 2.296 se consideraron como casos calificados de violencia política (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
Tras su conocimiento, estudio y reflexión, el en ese entonces Presidente, Patricio Aylwin, dijo en cadena nacional que “en mi calidad de Presidente de la República, asumí la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas”.
Tanto para la abogada Patricia Parra como para el abogado Adolfo Montiel, las Comisiones Valech y Rettig lograron un gran avance para esclarecer los terribles hechos cometidos en dictadura y dar paso a las medidas de reparación y justicia en el país.
La Comisión Valech permitió conocer la experiencia vivida por las víctimas, y la Comisión Rettig, dar alguna explicación a la ruta de quienes fueron ejecutados o quienes, desde su detención, se desconoce su paradero: las y los detenidos desaparecidos.