Congresistas pertenecientes a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, instancia que está analizando la iniciativa, explicaron sus alcances, objetivos y desafíos a nivel país en materia de inclusión laboral y social.
Sigue el avance en el Congreso del proyecto de ley que busca realizar adecuaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales con el fin de aumentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.
Según las últimas informaciones de la Cámara Baja, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad aprobó por unanimidad las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la norma, las cuales proponen que las empresas obligadas a cumplir contratos de inclusión laboral, deben asegurar que aquellas personas presten los servicios de forma efectiva.
La iniciativa, que fue ingresada a la Cámara Alta en 2019 por cinco senadores y senadoras, y que corresponde al boletín 13011-11 (refundidos con el 14445-13 y 14449-13), actualmente se encuentra siendo analizada en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, a la cual pertenecen las diputadas Joanna Pérez (Independiente) y Marlene Pérez (Independiente-UDI).
La diputada Joanna Pérez, explicó que el proyecto “busca adecuar diferentes normas en materia de inclusión laboral, permitiendo que las personas en situación de discapacidad o aquellos que sean beneficiarios de pensión de invalidez, puedan participar activamente de la vida laboral tanto en el sector público como en el privado”.
Con ello, añade, se busca aumentar desde el 1% al 2% el porcentaje de contratación obligatoria de personas con discapacidad o beneficiarias de pensión de invalidez en empresas con 100 o más trabajadores.
En esa misma línea, la diputada Marlene Pérez explicó que “el proyecto busca modificar el reglamento de la Ley de Inclusión Laboral, para aclarar que la naturaleza de las funciones de una empresa no puede ser utilizada como una razón válida para no cumplir con la cuota de empleo de personas con discapacidad. Esta modificación tiene como objetivo garantizar un cumplimiento efectivo de la ley y promover una mayor inclusión laboral”.
Dentro de las indicaciones más destacadas, la diputada Joanna Pérez señaló aquellas que incluyen a los beneficiarios de pensiones de invalidez al proyecto, ya que anteriormente a esto no eran considerados. Además, explicó que el proyecto establece una mayor fiscalización por parte del Estado en el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas.
Otra de las indicaciones destacadas para la diputada, y que fue aprobada por la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, es la que tiene relación con la homologación de la educación especial para el desarrollo de trabajos dentro del sector público cuando se pida como requisito poseer cuarto medio rendido, situación que para ella es un avance gigante en equidad.
Para ambas parlamentarias, los desafíos país en materia de equidad para con quienes tienen movilidad reducida son varios y se enfocan en diversas aristas. Para la diputada Joanna Pérez, los desafíos se enfocan en establecer porcentajes mayores de inclusión laboral, pues, aunque un 2% es un avance, sigue siendo un porcentaje bajísimo de población. En paralelo, señaló que se debe complementar con los elementos educativos que deben integrarse, ya que “actualmente las personas tienen una fecha límite para cursar estudios en la educación especial y eso cierra muchas puertas”.
Por su parte, la diputada Marlene Pérez señaló que los desafíos en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad también se centran en superar las barreras y estigmas existentes en la sociedad y en el mercado laboral. “Es necesario promover una cultura inclusiva que valore y reconozca las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad, además, se debe asegurar el apoyo para su plena integración en el torno laboral”.
En complemento del proyecto de ley que busca fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y movilidad reducida, la parlamentaria Joanna Pérez explicó que esta iniciativa ha demorado su trabajo legislativo debido a que es necesario que el Ejecutivo respalde el proyecto que se viene trabajando desde el Gobierno anterior. Sin embargo, destacó que, actualmente, se incluyó a la discusión y estudio del proyecto el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
De esa misma forma, otro de los elementos necesarios para potenciar la inclusión social y los proyectos de ley en esta materia, es el fortalecimiento del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadi). “Senadi es un organismo insuficiente para la discapacidad que va a avanzando, como también para asumir los nuevos desafíos para personas que van a tener movilidad reducida u otros. (…) Me refiero en materia de los recursos, al personal, a las asistencias técnicas que son muy engorrosas para postular, y por lo tanto, no está abordando la población objetiva que debería, por lo que sugiero que ahí pudiéramos fortalecer la institucionalidad, y eso, lamentablemente, no pasa por los diputados y diputadas”.
