Desde el Ejecutivo insistieron en la prioridad para desarticular bandas de crimen organizado en la zona, mientras que los parlamentarios valoraron el cambio de giro de la autoridad al considerar la aplicación de estas acciones legales.
Fin de año es momento de balances y, a propósito de la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur, el gobierno entregó detalles de la presentación de querellas durante el año aún en curso.
De acuerdo a las cifras del Ejecutivo, se presentaron 58 querellas este 2022, y del total, 39 corresponden a hechos que pueden estar relacionados a violencia rural.
Al hacer el desglose de estas acciones legales, 15 corresponden al delito de incendio, ya sea a cabañas, viviendas, camiones y maquinarias; ocho por Ley de Control de Armas; 10 querellas por homicidio simple o calificado, en calidad de frustrado; y dos querellas bajo la nueva ley de sustracción de madera.
La delegada presidencial, Daniela Dresdner, aseveró que “son cerca de 40 querellas que corresponde a nuestra administración, con la nueva ley de robo de madera, hay dos querellas y nosotros apuntamos a la desarticulación de las grandes faenas que existen en la zona”.
Uno de los aspectos que esta administración no ha concretado son querellas por delitos terroristas. La administración que en la Región encabezó el ex delegado presidencial, Patricio Kuhn, presentó la última y única querella bajo esta normativa en 2022.
Se debe al hecho ocurrido la madrugada del 10 de marzo, al interior del predio “Magolla”, donde se produjeron cuatro focos de incendio.
De acuerdo a la acción legal, “personal policial pudo verificar la efectividad de los hechos, esto es, un container consumido en su totalidad por la acción del fuego y a pocos metros de ese primer hallazgo, se encontró una máquina denominada ‘procesadora totalmente siniestrada”.
Según el escrito, en el lugar se encontraron tres pancartas, una de ellas junto a los restos del container con la leyenda “libertad a los P.P.M Tralcal, Tranamil, Berkhoff y todos los P.P.M de Angol, Temuco y Lebu”.
Mientras que en un lugar cercano, se encontraron dos pancartas con las inscripciones “Gendarmería corrupta, Barrientos rastrero” y “Leonardo Barrientos Rebolledo, ojo x ojo, perro de Piñera”.
A juicio de esa administración, los hechos descritos “se encasillan en un delito terrorista, tomando en consideración su forma de comisión, que supuso el uso del fuego unido a la reivindicación del ataque por parte de sus atacantes, al encontrarse tres pancartas en el sitio del suceso, ya que sus leyendas imponen condiciones a la autoridad”.
Eso sí, la actual delegada presidencial, Daniela Dresdner, insistió en que esa normativa no es eficaz. “Es una ley que no produce resultados y no tenemos gente condenada por esa normativa. A diferencia que cuando ocupamos delitos comunes, como incendio u otros, en donde si tenemos personas condenadas”.
En el mundo parlamentario ven con buenos ojos que el Ejecutivo se querelle.
El diputado y ex presidente de la comisión contra el Robo de Madera, Eric Aedo (DC), calificó como “positivo este cambio la actitud del gobierno. Al principio mostró reticencia y una distancia bastante acentuada y con el paso de los meses, vio que estamos enfrentando a bandas de crimen organizado con volúmenes industriales. La llegada de la ministra Tohá mostró un giro y es valorable, ya que involucra lo que necesita la ciudadanía”.
La diputada del Distrito 21, Flor Weisse (UDI), expresó que “el gobierno en un principio tuvo resistencia a presentar querellas por este tipo de hechos y hasta el minuto, no vemos el resultado de estas querellas. La presentación de estas acciones legales es una obligación del Estado, por lo que a mi parecer, habría un incumplimiento de la ley. Aquí tenemos que ver resultados y la convicción para hacer los seguimientos necesarios a estas causas”.
Su par María Candelaria Acevedo (PC) cree que “se cumple la función que le corresponde al gobierno, de presentar la querellas necesarias, para dilucidar las situaciones acaecidas. Es algo correcto que se presenten estas acciones. Acá no hay un cambio por la salida de una ministra y la llegada de otra, sino que entró en vigencia una ley, que es la del robo de madera que entregó mayores atribuciones a las policías”.
Otro de los temas que abordaron los parlamentarios y que es esencial para la política criminal de un país, es la demora que ha tenido el Senado en definir al nuevo fiscal nacional.
Ante esto, el jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo tildó esto como “la hoguera de todas las vanidades, es imposible llegar a un acuerdo cuando cada senador quiere imponer un nombre y la capacidad de diálogo se debe traducir en la elección de este fiscal nacional, pero vemos a los senadores discutiendo con el gobierno”.
Mientras que la diputada Acevedo (PC) dijo que “cuando se compromete la palabra, se debe cumplir, yo creo que los senadores en la primera votación no cumplieron su palabra. Y hoy se debe cumplir el compromiso. El gobierno y el Poder Judicial han entregado una postura, son los senadores quienes no se ponen de acuerdo, parece que no quieren solucionar el problema”.
A la vez que la gremialista Flor Weisse cree que “esto es pésimo y un doble fracaso del gobierno; uno por parte de la ministra Uriarte y de la ministra Ríos, ya que no tienen un trabajo prelegislativo. El fracaso es lo peor que nos puede pasar y yo hubiese preferido que retirara el nombre y evitar lo que ocurrió”.