Reorganización para evitar quiebras: la opción legislativa que le abre una vía a 79 mil Mipymes de Biobío

Hasta noviembre de 2022, hubo 410 procedimientos en la Región, que incluyeron 74 liquidaciones de empresas. Menores costos, simplificación de diligencias son claves en ley que se tramita en el Congreso.

79 mil micro, pequeñas y medianas empresas de la Región del Biobío, podrán tener mayor acceso a procedimientos de reorganización, para evitar situaciones de quiebra, de aprobarse la modernización de la llamada Ley de Quiebras (Ley 20.720, de 2014), establecida en el proyecto legislativo que tuvo luz verde en la Comisión de Hacienda del Senado.

Así lo afirmó, Javier Sepúlveda, seremi de Economía, quien además detalló que “con datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en la Región, hasta noviembre de 2022 en Biobío, se realizaron un total de 410 procedimientos que incluyeron renegociaciones; liquidaciones de bienes personales y de empresas. De estos, 16 fueron renegociaciones; 15 liquidaciones de bienes de personas naturales; 5 reorganizaciones de empresas y 74 liquidaciones de empresas”.

Las cifras reflejan una alta diferencia a favor de las liquidaciones por sobre las reorganizaciones, que es precisamente, lo que se busca revertir con el cambio de la normativa.

En este sentido, Sepúlveda explicó que “lo que sucede es que hoy el procedimiento para reorganización y de liquidación de empresas no hace diferenciación por tamaño de empresa, y es un procedimiento que debe cumplir con ciertos procesos y trámites que implican ciertos costos: trámite notariales y algunos judiciales, dependiendo del proceso, cuyos costos a veces son tan altos que las micro y pequeñas empresas no se ven incentivadas a participar de estos procesos”.

“Lo que la modificación de la ley busca es darle un tratamiento distinto a las micro y pequeñas empresas, de manera tal, de que la modificación a la ley las incentiven a mejorar su participación con el acompañamiento de la Superintendencia, ya sea en su reorganización como en su liquidación”.

Otro punto relevante para el representante del Gobierno es poder llegar con esto lo más pronto posible porque “hay muchas micro y pequeñas empresas que podrían simplemente pasar por un proceso de negociación con sus acreedores, para llegar a algún convenio o acuerdo, y lograr reestructurar sus pasivos y activos con el fin de ver una salida a sus problemas sin tener que bajar sus cortinas”.

Gremio

Álvaro Ananías, presidente de Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, expresó su satisfacción por los beneficios que otorgan las modificaciones a la normativa, particularmente a las pymes.

“Nos parece muy positivo la modernización de la Ley de Quiebras tras la cual se simplifica, acelera y genera menos requisitos para proceder a reorganizaciones judiciales de forma que firmas que eventualmente debían pasar por un proceso de liquidación, puedan pasar por un proceso de reorganización. En definitiva, las modificaciones permiten una forma menos costosa y más rápida y condiciones más flexibles para reorganizarse”, dijo el dirigente gremial.

Ananías agregó que “se necesita capacitar y difundir las normas asociadas a esta modernización de la ley porque es importante que las empresas que estén con complicaciones puedan pasar oportunamente por la reorganización, ya que muchas veces se espera mucho y cuando ya se busca la reorganización ya no es posible y finalmente tienen que acudir a la liquidación”.

Superintendencia

Javier Ramos, abogado y coordinador regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento indicó que “esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la actual ley que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y de menor costo, lo que les permite tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”.

Entre las ideas centrales del proyecto destacan la creación de procedimientos simplificados especiales para personas y micro y pequeñas empresas, de rápida tramitación y bajos costos: “Los altos costos del procedimiento de reorganización han desincentivado su uso por las micro y pequeñas empresas (solo un 14% del total de procedimientos han sido de mipes). Asimismo, excesivas formalidades y trámites en el procedimiento de liquidación lo encarecen innecesariamente. El proyecto crea dos nuevos procedimientos simplificados, el de reorganización simplificada (exclusivo para mipes) y el de liquidación simplificada (exclusivo para mipes y personas)”, expresó Ramos.