Un total de 36 mujeres fueron asesinadas por causas de género a la fecha. La cifra deja desafíos por cumplir, entre los que destaca la llegada de estrategias de prevención a los sectores rurales y la incorporación de la violencia de género en las políticas de seguridad pública.
La noche del viernes 9 de diciembre, en Talcahuano, Cristián Caamaño Gianpaoli atacó con puños y un bate de béisbol a su entonces pareja. También le disparó, aunque la mujer logró huir saltando un muro hacia la propiedad contigua. Allí, la víctima se escondió por siete horas mientras el hombre la buscaba con una linterna. Al amanecer, acudió a Carabineros a denunciar. Hoy, permanece bajo cuidados por sus diversas heridas. Caamaño está en prisión preventiva en calidad de autor del delito frustrado de femicidio.
Ella es una de las 16 mujeres en el Biobío que lograron sobrevivir a sus agresores durante 2022, ocho en la provincia de Concepción, cuatro en Arauco y cuatro en Biobío. En el país, esta cifra asciende a 159 sobrevivientes, pero otras 36 ya no pueden contar su historia, según las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).
Aunque podrían ser más: Según el registro de la Red Chilena de Violencia hacia las Mujeres, serían 47 los crímenes de este tipo en el país, incluyendo un lesbofemicidio y tres transfemicidios. Además, registran seis suicidios femicidas, es decir, mujeres que deciden acabar con su vida a consecuencia de violencia extrema, acoso, ante la impunidad de sus agresores o negligencia de la institución.
Hoy, por tercer año, sus nombres son recordados en el Día Nacional contra el Femicidio, fecha instaurada a través de la ley 21.282, y que rememora la muerte de Javiera Neira, de 6 años, asesinada en 2005 por su padre, mientras defendía a su madre.
“El llamado es a estar atentos a denunciar, porque es importante involucrarnos. Por eso decimos que el problema de la violencia hacia las mujeres ‘sí es mi problema’”, sostuvo la seremi de la Mujer e Identidad de Género, Lorena Segura.
Bien lo dijo la socióloga Alejandra Brito, directora del proyecto Innovación en la Educación Superior (InES) de Género en la Universidad de Concepción: “hoy se conmemora la tristeza de muchos niños huérfanos, de familias que perdieron a un ser querido. Pero como sociedad debería conmovernos el que tenemos que enfrentar el problema. No es individual, tiene que ser enfrentado de manera estructural como sociedad”, manifestó
Dentro de los principales avances en materia de violencia de género, Segura destacó la reactivación de la discusión del proyecto de ley por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, dormido desde enero de 2021.
La autoridad explicó que este año se incorporaron nuevas indicaciones, considerando a las infancias y adolescentes también como víctimas de la violencia hacia sus madres. “Este proyecto visibiliza las violencias que viven las mujeres, no solo física, sino también psicológica, sexual y económica”, detalló Lorena Segura.
Otro de los avances destacados, aunque a nivel universitario y local, es el convenio recientemente firmado entre la Universidad de Concepción y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que da inicio al proceso de certificación institucional del Sello de Igualdad de Género del Pnud para Universidades.
Maruzzella Valdivia Peralta, subdirectora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de Concepción, DEGyD, explicó que el convenio durará 24 meses e implica transversalizar el enfoque de género en los distintos quehaceres de la casa de estudios. “De esta forma, la UdeC se convirtió en el primer plantel universitario de América Latina y el Caribe en suscribir este convenio para universidades con Pnud, buscando avanzar hacia el cierre de las brechas y en el cumplimiento de estándares en el ámbito de género”, complementó.
Agregó que “este año el Consejo Académico de la Universidad de Concepción aprobó por unanimidad la Política Institucional de Equidad de Género y Diversidad Sexual, normativa que fue lanzada oficialmente el 3 de noviembre a la comunidad universitaria”.
De esta forma se cumple uno de los principales objetivos nacionales en esta materia, el que busca la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. “El objetivo es que en los 52 servicios de la Región, en cada uno de los ministerios a través de sus seremías, se vele porque las políticas públicas que se levantan del nivel central tengan una mirada que vaya a responder a la urgencia de la diversidad de mujeres que tenemos en el territorio”, detalló Segura.
En cuanto a los pendientes, uno de ellos es resolver la extrema violencia hacia las mujeres presente aún en sectores rurales de la Región. Según informó Segura, los casos de femicidio frustrado registrados en las provincias de Biobío y Arauco tienden a ser más crueles que los ocurridos en Concepción.
“En la ruralidad está concentrada la pobreza, y en ese contexto también se concentra la violencia. El trabajo hacia las mujeres indígenas también hay que considerarlo. Los relatos que encontramos en Cañete, Tirúa o Alto Biobío, nos habla de esa urgencia”, mencionó la autoridad.
A esto se suma la necesidad de contar en cada municipalidad con algún espacio de atención para mujeres que sufren de violencia. Muchas comunas, reconoció Segura, no cuentan con los recursos suficientes para ello.
En esta línea, la incorporación de esta problemática en las discusiones en torno a la seguridad pública es fundamental en la visión de Alejandra Brito, directora del proyecto InES de Género “Construyendo redes asociativas para la disminución de brechas de género en I+D+i+e en la Universidad de Concepción”.
“Con el auge de los movimientos feministas y de mujeres, las mujeres sentíamos que habíamos ganado espacios, sobre todo con leyes como la de acoso callejero y otras. Pero lo que se ha experimentado post pandemia es que la violencia doméstica fue clave, ya que muchas mujeres debieron convivir con su agresor. Y luego de la pandemia, la sensación de inseguridad es importante”, analizó la académica.
“Es un tema pendiente el vincular el tema de la seguridad y las estrategias para aumentar la seguridad pública con los temas de violencia hacia las mujeres y sobre todo en aquellas posibilidades de que esto termine en femicidio”, concluyó la académica.
Por otro lado, no se pueden olvidar los desafíos aún pendientes en el desarrollo profesional de las mujeres, por ejemplo, en la reducción de desigualdades de género en el ascenso académico. “Necesitamos más oportunidades para que las mujeres no se nos dificulte la carrera académica producto de los roles y estereotipos de género que se nos han asignado. Entonces, los desafíos son muchos, porque cambiar la cultura es algo que lleva mucho tiempo, por lo que mientras vamos impulsando normativa universitaria y vamos propiciando el cambio cultural con estas distintas iniciativas iremos sensibilizando y avanzando”, destacó Valdivia.
La mujer agredida hace algunos días en Talcahuano gritó y pidió ayuda mientras su pareja intentaba matarla, pero no fue auxiliada. “Cómo nadie iba a escuchar”, era lo que más repetía mientras relataba lo sucedido.
Esto, para Lorena Segura, es algo que debe importar. “Al asumir que sí es mi problema, no dejas la responsabilidad a las propias mujeres, sino que entiendes que es un problema social. Si todos nos hacemos responsables, nos hacemos parte de la solución”, indicó.
Además, “las personas cuando denuncian tienen que saber que será anónima, que estarán protegidos sus datos. Hay que educar respecto de los procedimientos. En la medida que se difunda esa información, las personas no van a tener miedo de denunciar”, reiteró.
Y las líneas están abiertas para que cualquier ciudadano, al conocer u observar alguna situación de violencia hacia una mujer, pueda denunciar de forma anónima y segura. Los números principales son el 133 de Carabineros y el 149 Fono Familia de Carabineros.
También está disponible 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de género, fono gratuito y anónimo, disponible las 24 horas, para prestar orientación ante violencia de género.
Para denunciar no es necesario llevar pruebas, ya que el testimonio de la afectada es más que suficiente. No obstante, es recomendable constatar lesiones en caso de violencia física.
Dos son las leyes promulgadas en favor del reconocimiento del femicidio en Chile:
La primera es la n° 20.480, que tipifica el delito desde 2010. Entonces consideró solo los asesinatos de mujeres cometidos por sus cónyuges, convivientes, ex cónyuges o ex convivientes.
Estas limitantes fueron acogidas en la Ley Gabriela, N° 21.212, promulgada en marzo de 2020, donde se amplía el marco legal para considerar como femicidio el asesinato de una mujer a causa de su género. Así, se considera femicidio el asesinato de una mujer ejecutado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.
Dos de los 36 femicidios registrados en el país, sucedieron en la Región del Biobío.
La primera víctima fue María Elena Becerra Ulloa (43), quien el 4 de febrero fue asesinada en la comuna de Mulchén por su cónyuge, el que posteriormene se suicidó.
El segundo es el femicidio de Marta Haydee Núñez Medina (40), quien perdió la vida a manos de su conviviente en Santa Juana, el pasado 13 de marzo. El femicida huyó, pero fue entregado por familiares.
