La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Yolanda Méndez, dictó auto de procesamiento en contra de tres funcionarios en retiro de la Armada, por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos al soldador de Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada) Rubén Darío Oñate Alarcón, delitos cometidos en octubre de 1973, en Talcahuano y la isla Quiriquina.
De esta forma, la ministra procesó a Luis Eduardo Kohler Herrera, José Raúl Cáceres González y Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra, en calidad de coautores de los delitos de carácter de lesa humanidad en contra del trabajador, quien estuvo detenido en el Fuerte Borgoño, la Base Naval de Talcahuano y la Isla Quiriquina.
En su investigación la ministra logró acreditar, según se informó desde comunicaciones del poder judicial en la zona, que la víctima había sido entregada el 20 de octubre de 1973 a uno de los ahora procesados, en la puerta del astillero, donde fue inmediatamente golpeado y trasladado en primera instancia hasta el fuerte Borgoño, en donde fue sometido a distintos vejámenes, que incluyeron largas sesiones de tortura, golpes, ahogamientos y la situación de fusilamiento. Tras siete días en ese lugar y tras intensos interrogatorios fue trasladado hasta el gimnasio de la Base Naval y tras ello estuvo hasta comienzos de mayo de 1974 en la isla Quiriquina, “sin que dicha privación de libertad estuviere justificada o sustentada por orden judicial o administrativa competente”.
Además en la resolución que somete a proceso a los ex uniformados, sostiene que “los hechos referidos en el considerando precedente son constitutivos de los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos, previstos y sancionados en el artículo 141 inciso 3° y 150 N° 1 del Código Penal, en su texto vigente a la época de los hechos investigados, en grado de consumados”.
Además, la ministra agregó que “los ilícitos antes reseñados son, además, delitos de lesa humanidad, desde que los hechos punibles fueron perpetrados en un contexto de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos de las personas detenidas, verificadas por agentes del Estado, que tenían a su disposición todos los medios materiales y económicos para llevar a cabo una política estatal de exclusión, hostigamiento, persecución y/o exterminio de ciudadanos que en fecha inmediata y posterior al 11 de septiembre de 1973 fueron sindicados de pertenecer o simpatizar con el régimen político depuesto por el gobierno militar que asumió el control del país desde la fecha indicada”, concluye.
