Organizaciones que trabajan con extranjeros en la zona apuntaron a la lentitud que existe hoy para normalizar la estadía en el país, pero coinciden en llamar a las personas que se encuentran de manera ilegal a autodenunciarse e iniciar trámite.
Distintas agrupaciones de personas migrantes, y que trabajan en brindarles apoyo y orientación, criticaron la excesiva demora que en la actualidad existe para regularizar la situación en el país, lo que se traduce en que no exista claridad sobre cuántas personas han ingresado al país en los últimos años y mucho menos cuántas viven hoy en la región del Biobío, entre otros temas.
La última cifra oficial es la del Censo de 2017 que situó en apenas 12 mil 144 los extranjeros que residían habitualmente en la zona, pero dicen que está absolutamente desactualizada y que superaría en varios miles lo que en realidad existe. De hecho, el propio director regional de Migraciones estima que en la actualidad más o menos el 10% de la población del Biobío es extranjera. Es decir, serían casi 200 mil los migrantes asentados en la zona.
Por ello, las voces que apuntan a la demora en la tramitación para regularizar el estatus migratorio en el país como un factor que aporta al desorden que existe en este ámbito se multiplican, como lo sostuvo Carmen González, chilena que pertenece a la Fundación Unidad de Inmigrantes Haitianos Biobío, quien detalló que muchos migrantes de esta nacionalidad prefirieron abandonar el país ante la demora.
“Muchos haitianos se fueron, se fueron a Brasil, México, Estados Unidos y Canadá porque el trámite era menos engorroso en esos países y acá se les venció su documento, no podían sacar plata, no podían trabajar, entonces muchos decidieron irse. Algunos llevan más de 3 años esperando que les llegue su residencia definitiva y todavía están ahí, y cuando llega al 90 o 100 por ciento le sale rechazada porque el antecedente penal de su país (certificado de antecedentes) está vencido, pero el documento vence estando en trámite y el problema es que la comunidad haitiana tiene serios problemas allá. En Haití grupos armados se tomaron prácticamente el país y en particular Puerto Príncipe”, señaló González.
En la misma línea Alfonso Vera, peruano de origen y que trabaja como voluntario en la Casa del Migrante, en Concepción, que se ubica en calle Salas al llegar a Cochrane y que es impulsada por la iglesia Católica de la zona, planteó que el hecho que hoy el trámite de regularización sea completamente digital, es un obstáculo para una parte de los extranjeros, sobre todo para aquellos que ingresaron por pasos no habilitados, porque no llegan con un notebook en la mochila y tampoco con teléfonos con acceso a internet. Pese a esas dificultades, y a lo lenta que es la tramitación para regularizar la estadía en el país, cree de todos modos que la autodenuncia e iniciar esta vía es mejor que ser un ilegal.
“Se pide prácticamente a todos los ciudadanos extranjeros que regularicen su situación, primero con la autodenuncia vía digital, después va a tener una entrevista con Investigaciones (PDI) porque le van a hacer una entrevista para saber cómo ingreso a Chile, quién le ayudo a ingresar, con quién ingresó al país, si pagó, si hay redes de tráfico de personas (…) pero por ningún motivo es para ‘agarrarlo del cuello’ y deportarlo, manifestó Vera, quien reconoce que ese tipo de preguntas inhiben a muchos migrantes a querer pasar por ese proceso.
Por otra parte, no todas las personas ven el lado positivo o compasivo de la migración y no siempre existe una buena percepción de la llegada de extranjeros al país y a la zona, situación que comprende Verónica Yepes, de origen colombiano, que trabaja en una organización que presta apoyo a migrantes en la zona y que se vincula con Fenamir (Federación Mesa Nacional Migrantes y Refugiados) y quien cree que parte de esa mala imagen es responsabilidad del propio Estado, que no ha sido capaz de articular una respuesta clara y eficiente para este fenómeno.
“En este momento Chile es un país que va camino a ser como Estados Unidos, Canadá y aunque algunos chilenos digan que estoy exagerando, pero sí. El chileno tiene acceso a la educación, el chileno está profesionalizándose, la mano de obra no calificada ya es poca que sea chilena y esa mano de obra la va a tener que cubrir el migrante. Entonces, si el Estado se hiciera cargo de regularizar esa mano de obra, yo te aseguro que el chileno dejaría de mirar con malos ojos al migrante, porque lo miraría como un aporte”, indicó Yepes, quien lleva 20 años en el país y fundamentó sus palabras con un ejemplo.
“Cuando llegué aquí no veía vendedores ambulantes en las calles y ahora Chile entero está plagado de vendedores en las calles y no digamos que todos, pero sí un gran número son migrantes. Ahora, si tú a esos migrantes los dejas ir a trabajar en las grandes empresas que están pidiendo a gritos que necesitan mano de obra no calificada, pero no pueden contratarlos porque la ley no se los permite, porque tiene que estar regularizados, tener un rut, bueno, obviamente, esos migrantes van a estar en la calle”, afirmó.
