Queremos resaltar que las fuerzas de seguridad bajo el mando del pdte. @sebastianpinera, especialmente el Ejército y Carabineros, están cometiendo ataques generalizados usando la fuerza de forma innecesaria con
Intención de dañar y castigar a manifestantes. pic.twitter.com/gKUshbKXlG— Amnistía Chile (@amnistiachile) November 21, 2019
Durante la mañana de hoy, Amnistía Internacional presentó los resultados de la investigación que llevaron a cabo en Chile, en el marco de las protestas sociales que iniciaron hace poco más de un mes.Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en dicha conferencia de prensa, señaló que “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.
También documentamos la práctica de los Carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos 9 ocasiones en varias ciudades. Así un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en Talcahuano.
— Amnistía Chile (@amnistiachile) November 21, 2019
En base a dicha investigación, Amnistía Internacional hizo las siguientes recomendaciones preliminares:
Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.
Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.
Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.
El comunicado completo lo puede leer en este enlace. Puede revisar la conferencia de prensa acá: