Esta tarde se terminaría la tramitación de los recursos para Educación. Sin embargo, para el titular de la UdeC persisten importantes dudas en cuanto a la asignación de recursos para los planteles del G9.
Esta tarde se terminaría la tramitación de los recursos para Educación. Sin embargo, para el titular de la UdeC persisten importantes dudas en cuanto a la asignación de recursos para los planteles del G9.
Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl
La entrega de 3.500 becas bicentenario para universidades fuera del Consejo de Rectores fue la propuesta que realizó el Ministerio de Educación para destrabar el debate parlamentario, buscando evitar que la oposición llegue a impugnar las partidas relacionadas con el fortalecimiento de la educación superior y la gratuidad ante el Tribunal Constitucional.
Si bien ha habido acercamiento en las posiciones entre el Ejecutivo y Chile Vamos, los vaivenes en la discusión mantienen encendida la alerta. "No será hasta que se apruebe la indicación que descartemos llegar al TC", dijo ayer a Diario Concepción la senadora Ena von Baer. Esto implica que recién hoy, tras la votación del Senado habrá una decisión formal sobre el ente jurisdiccional.
Se trata de una situación que preocupa al Consejo de Rectores y que, desde la Universidad de Concepción, el rector Sergio Lavanchy calificó como "el peor escenario".
Rol del TC
Para Lavanchy la preocupación central de la llegada de al TC, es que la función de este tribunal permite impugnar proyectos, pero no redistribuir recursos, lo que a juicio del rector UdeC podría producir un problema muy complejo en la asignación de las becas para los estudiantes de universidades.
Sin embargo, se mostró esperanzado en la capacidad de diálogo del Ejecutivo que permita evitar el paso por esta instancia. "Creo que se va a llegar a un acuerdo político, porque el Gobierno tiene claro que el peor escenario sería que se llegara otra vez al Tribunal Constitucional", manifestó el titular de la UdeC.
Sin embargo, la incertidumbre, dijo el rector, no se acaba con el retiro de la amenaza del grupo de oposición, sino que persiste en otra serie de omisiones que se presentan en la discusión. Según Lavanchy "efectivamente, las universidades del G9 en el presupuesto tienen una situación desmejorada".
Un ejemplo, dijo, es la reasignación de los fondos del Aporte Fiscal Indirecto, que durante 2015, si bien se suprimió en un 50% fue redestinado en el caso de las estatales a través de convenios marco y a las del G9 de convenios de desempeño. "Este año la glosa AFI ya no aparece, el compromiso era que al igual que el año pasado esos fondos se iban a entregar por estos otros mecanismos de financiamiento, cosa que no se hizo. Se incumple un compromiso y eso es bastante serio".
Promesas incumplidas
No sólo en el marco de esta tramitación legislativa es que las universidades han enfrentado promesas incumplidas. Así lo recordó el rector UdeC respecto de la promesa de la administración anterior en que se estableció que el Aporte Fiscal directo, que es un fondo basal, crecería un 5% anual durante un período de 10 años, lo que implicaría que terminado ese ciclo el AFD se habría duplicado para los planteles del Consejo de Rectores. "La verdad es que se cumplió el primer año y después ya no", acusó el rector.
"Todo este cúmulo de situaciones preocupa mucho a las universidades del Cruch y particularmente a las del G9", agregó.
A esto se suma que en el marco de la puesta en marcha de la gratuidad en 2015 se estableció que ninguna de las instituciones adscritas recibiría menos recursos. "Se dijo desde el inicio que no iba a haber detrimento, bueno, sí ha existido".
Además, sólo durante el primer semestre se entregaron puntualmente las partidas de los fondos correspondientes a la gratuidad. Durante este segundo período, si bien existe el acuerdo de pago, que la propia jefa de la División de Educación Superior del ministerio, Alejandra Contreras, entregó en el último plenario, han existido atrasos que han generado situaciones complejas en varias instituciones. "Las universidades tienen que recurrir a la banca para poder cumplir sus compromisos de caja como el pago de remuneraciones y eso significa costos financieros", manifestó el rector.
Por lo demás, tampoco está claro cuál será la fórmula de cálculo del arancel regulado que es el que fija los montos por gratuidad. No se sabe, dijo Lavanchy, si es que en 2017 se aplicará la misma que en 2016, por lo tanto, existen todavía temas que resolver.
Lavanchy explicó que en el caso del actual arancel regulado, que permite un margen del 20% por sobre el de referencia, la Universidad de Concepción no se ha visto afectada, "porque tenemos aranceles bajos, pero hay otras instituciones que sí han tenido diferencias", concluyó.