Promedio de permanencia en el ejercicio del cargo fue de sólo 4 años.

 

De acuerdo con los datos y la evidencia recopilada por el Centro de Estudios de la Realidad Regional, Cerr, entre los años 2006 y 2015 para 31 cargos del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) no se cumplió el objetivo para el cual fue creado el organismo.

Así lo aseguró en exclusiva para Diario Concepción Renato Segura, director del Centro de Estudios Cerr y académico de la Universidad Mayor de Temuco.

"El objetivo para el cual fue creado el sistema de Alta Dirección no se está cumpliendo. Si uno observa la declaración de lo que ellos buscan como organismo creados en forma autónoma por el Gobierno, en términos de que ellos pretendían tener sistemas con concursos públicos transparentes, eficientes, donde las personas fueran elegidas por sus capacidades y no por algún otro sesgo, hoy día, definitivamente, la evidencia de los datos y el análisis que me tocó hacer no se está cumpliendo", así de enfático fue Segura.

El académico informó además que "hoy día en la Alta Dirección Pública en los cargos de nivel 1, estamos hablando de salarios que fluctúan entre los $ 4 millones y los $ 10 millones, es decir, estamos hablando de salarios absolutamente por sobre el promedio de cualquier chileno, inclusive de muchos ejecutivos de la Pyme".

– ¿En qué consiste el estudio realizado?

– Lo que hicimos fue tomar la corte de postulaciones y llamados a concurso de ejecutivos de nivel 1 desde el año 2006 porque el espíritu de la selección de un cargo de alta dirección pública es que el profesional permanezca 9 años.

– ¿Cuál es el costo promedio de selección de los profesionales?

– Para un proceso promedio son alrededor de $ 7 millones en moneda de 2015 promedio de un cargo público.

– ¿En el periodo de estudio cuál fue el cargo más oneroso?

– Se trató de un caso que llegó a los $ 37 millones correspondiente al cargo de director del Sence y que duró 3 años.

– ¿Qué ocurre con esos $37 millones, cuando la duración no sobrepasa los tres años?

– Hay una pérdida de dinero donde se manifiesta la ineficiencia del Estado. Después se tiene que repetir el mismo proceso de selección a los tres años, donde se vuelven a gastar los $ 37 millones o algo similar a eso e incluso se debe multiplicar por 3 debido a la frecuencia de los llamados a concurso en el año. También se va acortando el plazo de pago de indemnizaciones desde el punto de vista de valor presente, donde es más caro pagar indemnizaciones cada tres años que a los 9 años.

– ¿Cuál es hoy día el promedio de duración de los cargos?

– Es de 3,3 años de duración en promedio para quienes fueron contratados el 2006 y debieran haber terminado su función el año 2015, esto es, un tercio de lo que debieron haber durado en términos óptimos. El 2006 asumió el Gobierno Michelle Bachelet y el 2010 Sebastián Piñera, donde la mayoría de los cargos terminaron en el Gobierno de Michelle Bachelet, es decir, son nominaciones de tipo político. Que fue lo que ley quería evitar que ocurriera.

– ¿Cuántos lograron completar el periodo óptimo en estos 9 años?

– Sólo fue un caso correspondiente al cargo de Superintendente de Servicios Sanitarios. Si uno observa los datos de este grupo de 31 personas que fueron llamados a concurso, sólo dos superaron los 4 años de duración uno que duró 7 años correspondiente a un cargo de director de un servicio de salud en Magallanes y de Superintendente de Servicios Sanitarios.

– ¿A cuánto asciende el costo total de selección de los 31 cargos analizados?

– Fue de $ 214 millones sólo en el proceso de selección sin considerar los salarios correspondientes a cargos de nivel 1, se decir, falta sumar los cargos de nivel 2.

– ¿Esto significa que gastaron $214 millones por año estos 9 años?

– Efectivamente, pero sin contar los cargos de nivel 2.

– De este costo total, ¿cuánto se pagó a las consultoras externas?

– Fueron $ 132 millones esto es casi un 80% del total.

– ¿Y para las empresas caza talentos?

– Fueron $ 36 millones.

Sandra Ibáñez, actual directora de Prochile y quien postuló al cargo de directora regional del registro Civil a través de ADP, dijo que "pese a los costos del sistema de selección de ADP, creo que existe un costo mayor cuando los cargos son ocupados por personas que no cuentan con las competencias necesarias, porque dirigir un servicio público no es fácil". 

Por su parte, Sergio Gatica, presidente provincial del CUT, indicó que "lo que ha demostrado el transcurso de los años es que existe una falencia por los despidos realizados cuando se cambia de un gobierno a otro".

Respecto a los gastos generados por los servicios externos, Gatica dijo que "no me parece porque se alimentan empresas externas que hacen sus negocios y no inciden definitivamente en nada si cada cargo cambia con el cambio de gobierno".