En seis años la educación municipal de la Región ha aumentado su dotación de profesores en 20%y ha disminuido los alumnos en forma significativa. Sin embargo, el rendimiento sigue siendo malo.
En seis años la educación municipal de la Región ha aumentado su dotación de profesores en 20%y ha disminuido los alumnos en forma significativa. Sin embargo, el rendimiento sigue siendo malo.
Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl
De una matrícula de 1.500 alumnos que tuvo en el pasado, el liceo Juan Martínez de Rozas cuenta hoy con sólo 102 alumnos, que promedian 16 por sala, en un edificio de dos pisos y casi media cuadra de extensión que aparece prácticamente deshabitado.
Un fenómeno que se ha repetido en buena parte de los establecimientos municipalizados de la Región del Bío Bío, incluyendo al emblemático Enrique Molina Garmendia, que pasó de 2.800 estudiantes en su mejor momento a tener hoy sólo 520 matriculados.
Ejemplos del colapso de un sistema que dio reiteradas señales de su declive -cambios demográficos, precariedad en los resultados, alta conflictividad, etc.- , pero para el que no hubo respuesta que frenara la crisis.
Cuesta abajo
Sólo este año, la matrícula municipal de la Región cayó en 5 mil 700 alumnos respecto de 2015. A nivel provincial, las cifras son también preocupantes. Comunas como Concepción y Chiguayante perdieron desde 2009 a la fecha cerca de la mitad de su alumnado en el sector público, pasando de 21mil 191 alumnos a 11 mil 421y de 4 mil 654 a 2 mil 532; respectivamente (ver gráficos).
En una mirada más a largo plazo, en las últimas décadas la cobertura municipal a nivel país pasó de 78% en 1981, a 36,5 en 2015 y, si bien en los dos últimos años había mostrado señales de estabilización, lo ocurrido este 2016 demostró que la tendencia continúa cuesta abajo.
"Ningún país tiene los niveles de matrícula del sector público como los que está experimentando el nuestro, por lo tanto, el Estado tiene que reforzar al sector", manifiesta el seremi de Educación Sergio Camus. En ese sentido, agrega, la reforma busca impactar en revertir esta tendencia.
Para el director alterno del centro Líder Educativo, Mario Uribe, la única manera de recobrar la confianza de las familias es precisamente a través de una reforma estructural, aunque advierte no son impactos a corto plazo. "Desde que se aprueba la ley pueden transcurrir entre 6 y 8 años para producir cambios".
El seremi va más allá y explica que incluso pueden ser 15 años los necesarios para ver sus efectos.
¿Tendremos tanto tiempo? ¿Y qué pasará con esta con esta generación "experimental" de estudiantes?
Recursos disponibles
En total, en los últimos seis años la educación pública de la Región del Bío Bío recibió 237 mil millones de pesos 112 mil 360 millones de éstos destinados a infraestructura y 2 mil 909 millones a la mejora de los llamados Liceos Bicentenarios.
En cuanto a recurso humano, pese a la dramática caída en la matrícula, la dotación docente de la Región del Bío Bío se incrementó en la última década, pasando de 13 mil 586 profesores a 16 mil 31. Es decir, se incrementó en alrededor de un 20% (ver recuadro).
La ecuación mayor número de profesores con mucho menor número de alumnos, no significó mejora alguna en el rendimiento de los estudiantes, lo que implica que simplemente lo recursos fiscales -aporte de todos los chilenos- se están despilfarrando. Esto además demuestra que los malos rendimientos no son producto de la falta de recursos.
La explicación que esgrimen las autoridades respecto la abultada planilla de docentes está en que su reducción le significa a los municipios incurrir en gastos de indemnización en caso de despidos, por lo que muchos profesores siguen trabajando en el sistema, al margen de cualquier criterio de excelencia.
Frente a esto es que el Gobierno ha recurrido a incentivos al retiro y recién a principios de agosto despachó la ley que busca reducir la planta, ofreciendo condiciones de retiro a cerca de 20 mil docentes del país.
Simplificar una explicación para la crisis de la educación municipal aludiendo a factores demográficos no es posible en este caso, pues, aun cuando la población en edad escolar se redujo ampliamente (en el país -4,8% y en el Bío Bío -8,4 en el último quinquenio), este aspecto afecta transversalmente los sectores particular subvencionado y pagado. Por tanto, no es causa de la migración desde el sector municipal.
Los padres optaron
En su estudio "Tres factores claves para desmunicipalizar la Educación Pública", la investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, Sylvia Eyzaguirre, complementa la panorámica. En los últimos 10 años la matrícula total en educación municipal perdió más de 400 mil alumnos solo por concepto de cambio de matrícula a establecimientos de otra dependencia.
Esta semanas, La Tercera dio a conocer que en 15 años, el sistema municipal en Chile perdió 600 mil alumnos, mientras que en el mismo período, el particular subvencionado creció 900 mil. En otras palabras, aquí el factor clave fue la elección de los padres en busca de una educación de mejor calidad para sus hijos, lo que, a todas luces, es su derecho.
Dado que la reducción de la matrícula municipal se debe mayoritariamente al comportamiento migratorio, es hacia allá donde debe estar orientada la interrogante para resolver el debilitamiento de la enseñanza de dotación estatal, que en los últimos seis años significó el cierre de 74 establecimientos en la Región.
En ese sentido, los especialistas atribuyen esta depresión en los números a una multiplicidad de factores, entre los que destaca el deterioro de la imagen de las escuelas y liceos públicos por bajo rendimiento y conflictividad social, además de la irregularidad del modelo municipalizado, al dejar la administración al arbitrio de la capacidad de gestión de cada sostenedor, con evidentes disparidades en los resultados.
Para el doctor en educación y académico UdeC, Gonzalo Sáez, el problema de la administración municipal se basa en que el modelo carece de una política coherente. "Depende del jefe del Daem que es un cargo político, por lo que pueden existir o no capacidades técnicas. Está demostrado que no siempre los municipios las han tenido", precisa. Sáez plantea aquí un nuevo problema: el componente político.
Es que no es un secreto que la mayoría de los cargo públicos se distribuyen bajo consideraciones partidarias o requerimientos de la administración de turno, cuestión que, no excluye a la educación, especialmente a los Daem y a los directores de escuelas y liceos, pues son los alcaldes, en última instancia, quienes deciden los nombramientos.
Algo que, en términos de calidad resulta contraproducente, pues se requiere de permanencia para el arraigo del directivo y de capacidades técnicas como herramientas de trabajo para obtener logros.
La propia Agencia de Calidad de la Educación ha establecido la relevancia de los liderazgos directivos, como uno de los factores que marcan la diferencia en cuestiones de calidad (otros son las estrategias pedagógicas y evaluaciones, el hábito lector del niño y de sus padres y la retroalimentación docente).
De hecho, en términos Simce, está demostrado que el rol del director puede marcar una diferencia de 13 puntos en el índice de calidad, puntos que son significativos cuando los resultados son deficientes como ocurre hoy en muchas comunas.
¿Información reservada?
Desde 2014, el Ministerio de Educación restringió la entrega de información respecto de los resultados Simce, de modo que hoy no existen panorámicas del sistema, sino que cada persona puede acceder sólo a la información por colegio (lo que implicaría que cada apoderado tendría que analizar 12 mil establecimientos en el país y más de1.533 en la Región para construirse una imagen general que le ayude a decidir por un colegio). La pregunta de rigor entonces, es cómo mejorar un proceso sin los necesarios índices de medición.
Desde la Agencia de Calidad de la Educación, el secretario Ejecutivo, Carlos Henríquez explica que la medida se tomó a modo de evitar la construcción de rankings que compararan entre sectores socioeconómicos diversos pues no existirían diferencias entre uno y otro al comparar por grupos de igual procedencia socioeconómica.
Sin embargo, los ranking siguieron existiendo y evidenciando brechas y, por supuesto, siendo consultados.
De acuerdo a un informe de políticas públicas elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo divulgado recientemente, las diferencias de resultados entre dependencias administrativas persisten y son importantes.
De los establecimientos educacionales con mejores resultados Simce de segundo medio 2015, los primeros 20 lugares los ocupan 16 colegios particulares pagados, un particular subvencionado y tres municipalizados (dos de la Región Metropolitana y uno de La Araucanía). Sólo uno es de la Región del Bío Bío y es particular pagado.
Entre los municipales que figuran en el ranking UDD, quienes obtienen las evaluaciones más altas son mayoritariamente los Liceos Bicentenario, cuyo objetivo fue precisamente construir establecimientos de excelencia, replicando parte del modelo del Instituto Nacional y cuya matrícula está asociada a capas medias en ingreso socioeconómico y no a los sectores más vulnerables.
Otro ejemplo es el ránking publicado este año por Qué Pasa y que eligió a los 100 mejores establecimientos incorporando el factor PSU.
En él, de los 269 que registran puntajes sobre 600 puntos, hay un grupo selecto que supera los 638 puntos. Son 95 particulares, tres subvencionados y dos municipalizados (Instituto Nacional y Carmela Carvajal), 53 son de la Región Metropolitana, donde las comunas de Las Condes, Lo Barrenechea, Providencia y Vitacura, acaparan las primeras posiciones; ocho son de la Región del Bío Bío y son preferentemente de Concepción y Chiguayante. De los municipalizados de la zona y de todo el resto de Chile no hay ninguno en la nómina.
Chile contra el mundo ¿Y LA CALIDAD?
Chile necesitaría extender cuatro años su escolaridad para alcanzar a países como Finlandia. Hoy un cuarto de los alumnos de 15 años es incapaz de comprender lo que lee.
Al comparar los resultados de las comunas con mayores recursos de nuestra región y los de las más acomodadas de la Metropolitana, las cifras locales se ven claramente disminuidas.
Pero si se trata de comparaciones que nos hacen ver mal, basta confrontar a Chile con el contexto internacional.
Es que tal como explica el doctor en Economía, de la Universidad de Michigan-Ann Arbor e integrante del Centro de Investigación Avanzada en Educación, de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, el factor económico sí pesa y eso lleva a concentrar los mejores resultados donde existen más recursos.
Al respecto, grafica: "Los datos Pisa permiten comparar 65 países que participan con estudiantes de una misma edad, 15 años, en las mismas disciplinas: ciencias, matemática y lectura. Y cuando se hacen análisis comparativos, éstos dan cuenta de que Chile es uno de los cinco países donde el promedio al interior de los colegios del nivel socioeconómico de las familias, individual y compuesto, afecta más al desempeño de los niños".
La revista Journal of Economic Perspectives, por ejemplo, publicó recientemente un estudio de Ludger Woessman, uno de los mayores expertos mundiales en educación. Según este documento Chile se ubica en el lugar 51 entre 81 países en calidad de la enseñanza, combinando las pruebas Pisa, Timss de ciencias y Pirls de comprensión lectora. Nuestro país tiene aquí 434 puntos , mientras que Shangai–China, que se ubica en el primer lugar registra 596 y Ghana que está en el último, 291.
Dentro de esta lista el promedio es de 500 puntos y se calcula que por cada 25 puntos se marca una diferencia de conocimientos equivalente a un año de aprendizaje. Es decir, Chile está a seis años y medio de distancia respecto de ese primer lugar y a 3,9 años de Finlandia, país al que miró como ejemplo para el diseño de su reforma educacional.
El factor socioeconómico no lo es todo. Si los de Shangai superan largamente a los mejores colegios pagados de Chile, no es por una razón socioeconómica, sino por una vocación por la excelencia.
Más que el recurso, la preocupación
Otro reporte, el último informe de la Unicef, "Equidad para los niños", elaborado precisamente a partir de los resultados Pisa, presenta también conclusiones alarmantes.
Según el documento, que compara a los 41 países miembros de la Ocde, en Chile, un 24,6% de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel 2 de competencias, el más bajo para evaluar capacidades en lectura, matemáticas y ciencias.
Esto quiere decir que uno de cada cuatro alumnos de 15 años es incapaz de comprender lo que lee, resolver problemas básicos en matemáticas o explicar fenómenos básicos en biología.
Lo peor, el mismo informe señala que la brecha entre sectores económicos se ha estrechado, pero no a partir de la mejora de los resultados de los más vulnerables, sino a una baja en los puntajes de los grupos más acomodados.
En este contexto dicen los especialistas, lo que hacen los padres es buscar los establecimientos que ofrecen mejores oportunidades a sus hijos y a la luz de todas estas señales no son los de dependencia municipal.
Por algo las propias autoridades locales han decidido matricular a sus hijos en establecimientos del sistema privado, tal como lo constató Diario Concepción en un sondeo aleatorio realizado entre alcaldes y jefes de reparticiones de gobierno en que la mayoría argumentó haber elegido esta opción debido a la formación valórica en colegios católicos o de vinculación religiosa o filosófica, lo que muestra que un factor de elección lo constituye también el proyecto educativo.
En ese sentido, las personas están dispuestas a pagar más para conseguir una mejor propuesta formativa para sus hijos, pero no sólo eso, también precisan mayor seguridad y orden.
Conflictividad
Desde la mirada global a la particular de quienes están dentro del colegio y enfrentan la partida de sus alumnos, existe un factor de conflictividad atribuible a movilizaciones sociales y a la implementación de políticas erradas que ha afectado al sector.
La tomas y los paros, que este año han alargado el calendario escolar hasta enero de 2017, son parte de estos argumentos.
En el Enrique Molina, el rector Ricardo Morales, asegura que "las movilizaciones, los paros han influido y creado desconfianza en las familias, que creen que sus hijos no van a recibir el programa escolar completo como consecuencia de esto". De hecho, agrega, durante el primer semestre 14 estudiantes decidieron abandonar el establecimiento.
En materia de calidad, los resultados del EMG no son los mejores, pero tampoco los peores, se apura a decir el rector. Incluso está entre los 404 que en la Región reciben Subvención por Excelencia, es decir, un aporte de cerca de $5 mil por alumno.
El rector admite que existen dificultades, por ejemplo en las pruebas Simce, donde en la mayoría de las evaluaciones no logra superar puntajes de años anteriores ni a otros establecimientos similares, pero destaca que, de quienes rindieron la PSU el año pasado el 70% estaba en condiciones de postular a alguna carrera en una universidad, es decir, superaron el corte de los 450 puntos, con un promedio plantel de 510 puntos. Un puntaje que no se condice con la tradición de un liceo tan emblemático.
Si bien ese puntaje aparece bajo y permite acceso sólo a un número restringido de carreras, hay experiencias aún peores. En otros establecimientos similares, como el Experimental o el Juan Martínez de Rozas, los promedios PSU (según último reporte Mime), no alcanzan para optar a la educación universitaria, con 400 y 428 puntos, respectivamente.
Hay que recordar que en el actual proceso de ingreso un 71% de alumnos municipales obtuvo menos de 500 puntos en la PSU, también un 54% de los estudiantes del sector particular subvencionado y el 15% de los del particular pagado.
Pero es la conflictividad -tomas y paros- la que arruina los planes de tener mayores logros, dice el rector del Enrique Molina, destacando que en materia de infraestructura han invertido cerca de $250 millones en el último tiempo para mejoras en las condiciones de infraestructura y otros $60 millones en equipamiento pedagógico.
Políticas erradas
Pocas cuadras más allá en el centro penquista, el director del Juan Martínez de Rozas, Ariel Sepúlveda, atribuye parte de la responsabilidad de lo ocurrido en su institución a la implementación del programa Liceo Para Todos que, dice, "lo estigmatizó".
Los llamados programas de focalización, orientados a reducir desigualdades, buscaban desde fines de los noventa hasta inicio de la década actual, dar cabida a jóvenes de mayor vulnerabilidad, algunos infractores de ley y con dependencia a consumo de alcohol y drogas, recibiéndolos masivamente.
El problema es que no se trataba en muchos casos de una inclusión real, en que se les mezclara heterogéneamente con alumnos de distintas procedencias y niveles socioeconómicos, sino que se les agrupaba en determinados liceos como el JMR.
Allí el programa motivó un éxodo de padres que reaccionaron ante episodios de violencia que se difundieron profusamente en los medios y que dejaron una cicatriz en el prestigio del liceo.
Excelencia en retirada
Con el fin de la selección que impone la ley de Inclusión la permanencia de niveles de excelencia en el sector público pareciera estar en duda. El Instituto Nacional, por ejemplo, según resultados Mime, promedia 672 puntos PSU y que está entre los más altos estándares del sector público, estará obligado a abrir su matrícula. ¿Le ocurrirá entonces al Instituto Nacional lo mismo que le pasó al Enrique Molina, que pasó de ser un formador de intelectuales a ser incapaz de completar sus cupos disponibles, aún cuando tiene matrícula abierta? Es una de las interrogantes que plantea esta reforma.
Pero para el secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, se debe hacer un cambio de paradigma ."En la época del ‘70 o incluso antes había un gran colegio cabecera regional, pero el desafío hacia adelante es que ojalá todos los establecimientos sean de calidad", asegura.
"Yo estoy convencido que la reforma educacional no es fierro y cemento o no es quitarle los patines a unos y ponérselos a otros, pero sí que todos tengamos patines y que aprendamos a patinar", agrega.
Sin embargo, reconoce que, aunque las expectativas son que el sistema mejore, "nada está garantizado. Será en la implementación donde se jueguen las reformas".
Reforma en la mira
Si bien para todos los expertos el sistema actual es insostenible y requiere cambios estructurales, la reforma en curso sobre Nueva Educación pública también es cuestionada.
Sin embargo, para la ex ministra de Educación Mariana Aylwin, se requiere que el nuevo sistema dote a los distintos territorios y establecimientos de mayor autonomía.
"En el proyecto en su conjunto las palabras colegio, alumnos y aprendizaje prácticamente no aparecen y creo que es una idea que está excesivamente centralizada, para mi gusto habría que eliminar el nivel de jerarquía nacional y dotar de mayor autonomía a los servicios locales", manifestó la actual directora ejecutiva de la corporación Aprender.
Un rechazo que también se ha visto al interior del Parlamento y que ha llevado al senador Ignacio Walker a declarar que tal como está no votaría a favor de la iniciativa.
Así, con todos estos antecedentes es difícil pronosticar lo que vendrá para la enseñanza de provisión estatal, aunque lo que está claro es que lo que venga no será fácil.