Más de sesenta y cinco personas se han visto afectadas, desde 2003, por errores judiciales que involucran malos procedimientos, faltas u omisiones en la investigación.

Marcelo Castro B. 
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El miércoles 6 de julio de 2016 será una fecha especial en la vida de Marco Díaz Salazar de 21 años. Ese día terminó una pesadilla que quiere olvidar y jamás repetir.

Su historia se remonta al 19 de junio de 2015, cuando René de la Hoz Martínez le faltó el respeto a la pareja de un amigo de Díaz, situación que desencadenó una riña y una historia que los involucrados no podrán olvidar. Tras la reyerta, surgió la venganza.

De la Hoz denunció un robo con violencia del que había sido víctima con su pareja, donde supuestamente los delincuentes obtuvieron un exiguo botín: $500. Entre las pericias realizadas por la policía estuvo el tradicional registro fotográfico, en donde apareció Díaz como el principal sospechoso.

El trabajador de la construcción fue formalizado el 14 de enero de este año por el delito de robo con violencia, fue considerado un peligro para la seguridad de la sociedad por lo que su día terminó en la cárcel de Chillán. En tres ocasiones posteriores, su defensa pidió la libertad, en todas ellas le fue negada.

Pero esta historia tuvo un giro radical el 21 de abril, cuando la supuesta víctima del robo contó la verdad; fue presionada para declarar por un robo que nunca existió y que tenía que acusar a Díaz. Con este testimonio, la pesadilla comenzó a acabarse.

Pero esta historia se repite a nivel nacional con otras 65 familias -o algún miembro de ellas- a quienes les tocó enfrentar un juicio por un error cometido por las víctimas, testigos, abogados o los mismos policías a cargo de las investigaciones, pero que nunca han recibido una reparación monetaria o psicológica de parte del Estado por los daños ocasionados. 

Hoy, participan en el "Proyecto Inocentes", impulsado por la Defensoría Penal Pública, que busca mejorar ciertas conductas y hábitos en los procesos investigativos de los actores del sistema judicial chileno.

Uno de los impulsores del proyecto es el Defensor Regional del Bío Bío, Octavio Pizarro Quezada, quien señala que la idea surgió debido a que "existen casos en que a algunas personas se les imputa un delito, pero en un juicio son absueltos, ya sea porque una prueba los exculpaba u otra persona se declaró culpable. Con esto queremos demostrar que nuestro sistema judicial es falible, que se cometen errores y que lo ideal es aprender de ellos para que no se repitan".

Hace 20 años surgió el primer programa de este tipo en Estados Unidos, impulsado por el abogado Justin Brooks, quien se inspiró en el caso de la puertorriqueña Marilyn Moreno, quien estuvo condenada a la pena capital sin haber enfrentado un juicio. Él, junto a estudiantes de Derecho, investigó el caso durante cuatro años, en los cuales reunió las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de la mujer. "Yo antes de este caso pensaba que la justicia de Estados Unidos era la mejor del mundo", señaló el jurista en una entrevista otorgada al diario La Tercera en 2012.

El proyecto en EE.UU logró probar la inocencia de 240 personas. El caso que más llama la atención es el de una joven promesa del fútbol americano, que a los 16 años fue acusado de violación y secuestro. Estuvo seis años en prisión. Diez años más tarde la víctima se contactó con esta persona para pedirle disculpas y dejar todo en el pasado, ya que el delito nunca existió.

Saqueaban su propia casa

Tras el terremoto de 2010, la familia Sepúlveda Chacano, de Talcahuano, custodiaba los pocos enseres que le quedaban en su hogar. Aprovecharon un minuto libre para ir a buscar agua, debido a que los suministros básicos estaban cortados. Al volver, la policía los esperaba. Efectivos de carabineros allanaron la casa y encontraron diversos productos de alimentación –confites y bebidas- que presuntamente habían sido saqueados y se llevaron detenidos a los cuatro miembros de la familia. 

Como los tribunales no funcionaban, estuvieron 16 días presos y tras esto enfrentaron un juicio simplificado cuya resolución fue tajante: absueltos. La familia trabajaba en una distribuidora mayorista que había decidido regalar toda su mercadería a los obreros para evitar saqueos. Y, en consecuencia, la detención fue injusta.

Tras quedar en libertad, lo primero que hizo Ana Sepúlveda fue pedirle disculpas a sus hijos por la experiencia que vivieron. Para ella, la jueza del Juzgado de Garantía de Talcahuano, Humilde Silva, es su salvadora, puesto que gracias a una gestión de ella logró su libertad. En este caso, la negligencia fue de parte de los defensores de la familia que no supieron hacer su trabajo.

Policía no lo reconoció

En nuestro país, otro caso emblemático del Proyecto Inocentes, ocurrió en 2011, al entonces dirigente estudiantil Recadero Gálvez Carrasco, quien en julio de ese año fue detenido y formalizado por homicidio frustrado, por su participación en el ataque con bomba molotov a un carabinero, durante una protesta a favor de los habitantes de Dichato, en la Plaza Perú. Debido a esto, Gálvez permaneció en prisión preventiva siete días en la cárcel El Manzano.

"Me sentí denostado por la justicia chilena. Siempre estuve seguro de mi inocencia, pero había desconfianza de todos los sectores sociales con respecto a las diligencias que realizaban las policías y la Fiscalía", comenta. 

Su detención se debió a errores de los agentes del Estado. "En mi caso, quienes participaron en mi detención eran carabineros de menor rango que tenían instrucciones de sus superiores. Esta situación fue probada por mi defensa, ya que los testimonios de ellos no concordaban", declaró.

Aunque no cree que su detención haya sido orquestada, sí considera que el proceso estuvo viciado: "Durante todo el desarrollo de la investigación trataron de probar un delito que nunca existió. Trataron de cambiar la figura delictual, pero el tribunal encontró que este delito tampoco existió".

En el juicio oral en su contra, la principal prueba de la defensa fue una nota de prensa, cuya presencia fue valorada por el ex dirigente estudiantil: "Ya sea por la (prensa) tradicional o la independiente, es posible demostrar que algunos hechos realmente no son cómo pretenden algunos poderes fácticos".

Ni recursos ni personal

Uno de los principales cuestionados es la Fiscalía, el ente designado por el Estado de Chile para la investigación de los delitos, cuya misión, según su sitio web, es: "Dirigir de forma exclusiva las investigaciones criminales, ejercer cuando resulte procedente la acción penal pública instando por resolver adecuada y oportunamente los casos penales …". Pero, ¿es esta misión ejercida de manera correcta?

Según el defensor del Bío Bío, Octavio Pizarro Quezada, impulsor del Proyecto Inocentes, el país lo hace, pero en algunos casos "se generan inconsistencias, las cuales pueden atribuirse a declaraciones falsas, peritajes con presupuestos fácticos errados y otras situaciones más. En nuestra región han ocurrido casos, en los cuales un error como los mencionados anteriormente botó investigaciones de años". Un ejemplo es lo que le pasó a Elías Cartes Parra.

El joven, de 30 años, fue acusado del homicidio del sacerdote Cristián Fernández Fletá (50), ocurrido el 6 de abril de 2009 en Chillán. Tras cuatro años de investigación, Cartes Parra fue formalizado y pasó 160 días en prisión preventiva y otros 90 con arresto domiciliario. Tras enfrentar un juicio oral en diciembre de 2013, fue absuelto ya que el peritaje de la Fiscalía no cumplió el estándar.

Quienes investigan estos casos dicen que las persecuciones se hacen en la medida que se puede. El fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo Escobar, señala que "nos estamos esforzando para que esto no ocurra, aunque estos errores sean los menos. Hay que destacar que éstos existen en todos los sistemas procesales del mundo. Pero nosotros como investigadores, en conjunto con la Defensoría y el Ministerio de Justicia, tendremos que trabajar para disminuir este indicador".

Pero en la Asociación Nacional de Fiscales no comparten totalmente la apreciación de Contardo. El presidente nacional de la Asociación, Claudio Uribe Hernández, atribuye los errores "al grave déficit que existe en nuestra institución. En este sistema tenemos más defensores que fiscales, algo que me parece inaudito. Los defensores tienen sólo un tercio de las causas que tenemos nosotros y, bajo esta misma lógica, en todas las Fiscalías pasamos por una crisis, tanto financiera como de personal. Todas las semanas renuncian fiscales de distintas partes del país, porque no existe una carrera funcionaria acorde a lo que necesita nuestras justicia".

Según Uribe, en las fiscalías, durante 2014 cada fiscal debió investigar más de dos mil causas, siendo que el sistema está diseñado para 1.250 causas por profesional.

Con respecto al proyecto impulsado por la Defensoría Penal Pública (DPP), añade que "la DPP ha montado un gran aparataje publicitario con estos casos, pero la defensoría se olvida que todo sistema penal es falible y es aquí donde la falta de recursos juega en nuestra contra. Muchas veces los fiscales no tienen tiempo para preparar sus audiencias como corresponde, a diferencia de los señores defensores", señaló el fiscal de Valparaíso.

Esta situación es compartida por el defensor Pizarro en relación a que la falta de personal puede ayudar a que existan estas situaciones, pero para él lo fundamental es buscar como evitar la ocurrencia de estos. "A todos los intervinientes nos falta tiempo para realizar nuestro trabajo, todos tenemos exceso de carga laboral, pero esto no puede inducir a que una persona pierda uno de sus derechos fundamentales, que es la libertad".

Todos los actores de nuestra justicia consideran necesario mejorar los estándares de peritajes y aumentar la dotación de los organismos que participan en impartir justicia y así, evitar que un nuevo Marco Díaz que se pierda el embarazo de su pareja por culpa de una investigación desprolija.