Principales vulnerabilidades estarían asociadas al terrorismo, robo de madera, lavado de activos y cohecho, pudiendo provocar la quiebra o el pago de multas de hasta \$ 20 millones de dólares.
A cinco meses del hecho, acusan abandono del Estado y de la Fiscalía, ya que la mujer, principal testigo del hecho, no ha sido llamada a declarar. Anunciaron acciones legales.
