Pretenden que organismo se pronuncie y derive los antecedentes al Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación desformalizada hace 16 meses.

Municipios deben entregar planes de recuperación de clases y en agosto se cancelaría el 30% de los recursos que en julio no se entregaron.

Consideran "gravísimo e impresentable que, por la vía administrativa, el Gobierno pretenda situar a los alcaldes, como ejecutores de una medidas de fuerza que pretende revolver un conflicto que la autoridad ministerial no ha sabido enfrentar”.