Se trata de los registros desde 2022 hasta julio de este año, de acuerdo a la Policía de Investigaciones. “Falta contención respecto a personas que han sido víctimas de una estafa o fraude bancario”, plantean desde la Fojucc.

De visita en Concepción el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya se refirió al proyecto de ley que busca convertir o reconocer el acceso a red informática en un servicio público, entre otros temas.

Recomiendan cómo detectar los intentos de fraude y llama a los usuarios a tener mayor cautela.

La posibilidad de conocer todo tipo de información personal, como nombre, cédula de identidad y domicilio, entre otros datos relevantes, se encuentra a pocos clics de distancia. Ha crecido la usurpación de nombre, los llamados “phishing y pharming” los cuales resultan mucho más fáciles de ejecutar al tener datos personales disponibles.