La desventaja laboral que enfrenta una persona con discapacidad en comparación con otras personas es real, la Ley 21.015 llegó hace 3 años para intentar equiparar esta brecha.

Asimismo, a nivel nacional se constata la brecha de género: un 36% de mujeres versus el 64% de hombres bajo contrato laboral. A tres años, Gobierno debe evaluar la normativa.

Proponemos que se fortalezca el sistema de fiscalización y sanción de la implementación de la ley en el sector privado.

Que una empresa contrate a personas con discapacidad no la convierte en una compañía inclusiva. Chile requiere contar con estándares definidos para los procesos de inclusión laboral.