El caso de la Región del Biobío es ejemplar: de acuerdo a la UAF, entre el año 2007 y el año 2018 se han dictado cinco sentencias condenatorias por el lavado de activos, es decir, dineros y bienes. El número contrasta con los reportes sospechosos. Hay dos posibilidades: hay un exceso de sospechas sin fundamento, o existe una notoria dificultad para comprobar la existencia de algún delito.

En la primera mitad del año, los sujetos obligados, esto es, 38 actividades económicas y todo el sector público, enviaron 3.013 Reporte de Operaciones Sospechosas a la UAF, que se comparan con los 2.364 ROS remitidos en enero-junio de 2019.

Se utilizan empresas, entidades, “palos blancos” para operar sin que nadie sospeche. Recientemente, un agente de aduanas y un notario fueron sancionados por ser parte de redes.

De acuerdo a la investigación de la ministra Rutherford, el general en retiro malversó caudales públicos por una suma cercana a los \$3.500 millones.