Si bien la concesionaria Food Court S.A., que impulsa la iniciativa, se ajustó al PRC penquista, municipio argumentó que deben ceñirse a la normativa, postura que apoyan organizaciones urbanistas de la zona.
El 2 de noviembre el municipio penquista ingresó una nueva solicitud. Medida fue catalogada de tardía por parte de organización ciudadana.