Más de 900 estudiantes podrán continuar en el recinto, después de que la justicia confirmara que la acción judicial presentada por los ex administradores fue pasada al archivo del tribunal.
Pretenden que organismo se pronuncie y derive los antecedentes al Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación desformalizada hace 16 meses.
La normativa obliga a los recintos particulares a ser fundaciones sin fines de lucro, por lo que las instituciones financieras no les facilitan dineros para realizar las operaciones necesarias.