Una cuestión importante es que la Nueva Constitución se pronuncie en forma clara respecto de la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y la normativa doméstica. Esto implica que establezca claramente cuál será el rango y el alcance de los tratados internacionales de derechos humanos y las obligaciones de respeto y garantía que Chile ha contraído en materia de derechos humanos.

Lo observado en estos últimos meses nos puede servir de insumo para continuar en la construcción de un sistema educativo de calidad, partiendo por incluir y poner en valor la experiencia de profesores y directivos en la gestión de los procesos educativos para redefinir o reorientar las políticas públicas en educación.

En Chile, tampoco podemos permanecer de forma pasiva cuando vivimos en una democracia cuya institucionalidad protege principalmente los derechos de quienes son los más privilegiados.