La iniciativa sigue tomando fuerza en la Cámara Baja. Tiene por objetivo brindar asesoría legal a perjudicados que no tengan la posibilidad de costear un abogado. Será de carácter nacional y se estiman \$12 mil millones de pesos para su funcionamiento.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca aumentar la dotación de funcionarios en Fiscalía y reforzar unidades especializadas para la persecución del delito.