Los que integramos la convención asumimos que el producto de nuestro trabajo tendrá que ser aprobado por la ciudadanía para que llegue a constituirse en nuestra nueva carta fundamental, resultando indispensable la participación popular, para revestir de aún más legitimidad este proceso, de modo que todos sientan como suya esta labor, libre de toda actitud mesiánica y totalitaria.

En la Convención Constitucional hay quienes nos encontramos trabajando para avanzar en la construcción de un Chile más solidario, justo y fraterno, debiendo enfrentarnos a quienes, con obtusas posiciones infantiles o sencillamente adrede, instalan una y otra vez baches en el sendero hacia el éxito.

La Convención Constitucional no puede arrogarse las atribuciones que le corresponden ejercer a otros órganos del Estado, cuya autonomía se encuentra asegurada por la Constitución.

Toda persona que ejerce un cargo público, incluido el de convencional constituyente, es un ciudadano más, con una responsabilidad enorme que debe asumir con prudencia y templanza. No es un comisario o vigilante político con licencia para censurar y juzgar ideológicamente a los que piensan diferente, aprovechándose de un terreno abonado con el sectarismo y las simplificaciones, contrarios a los matices y a la diversidad. Buscar y encontrar un punto de convergencia en la diferencia es hoy una urgencia.

No basta entonces con un cambio de constitución, por cuanto ésta no es más que una capa que cubre los hombros de un poderoso orden social y económico preexistente del que también hay que hacerse cargo si queremos pasar a la consagración de un Estado social y democrático de derechos.

En nuestro país, mientras más gente entre a la cancha, mejor se va a poner el partido.