Definitivamente, es necesaria una ley que aborde esa materia, especialmente para las familias más vulnerables. Es decir: una normativa destinada a los usuarios hasta un determinado nivel de consumo.
El 31 de enero expira la ley que prohíbe el corte de los suministros de servicios básicos. Gobierno y Parlamento impulsan proyectos para solventar deudas.
