La normativa vigente establece plazos para que el jefe o la jefa comunal cumpla con sus obligaciones, pero no contempla sanciones en caso de incumplimiento.
El informe critica la lentitud del Gobierno en su respuesta, además de señalar deficiencias en la fiscalización de los gastos reservados. Por su parte, el oficialismo negó que se haya dificultado la entrega de información.
La idea forma parte del proyecto de ley del Subsistema de Inteligencia Económica. Permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) seguir la ruta del dinero de distintos grupos delictuales, de una forma más expedita.