Congresistas en contra de la idea argumentan que esta es una forma de perpetuar la falta de oportunidades. Desde el Colegio de Profesores establecen que la medida es una improvisación y posible falta constitucional. Desde la postura a favor, se establece que la violencia no debe ser normalizada.
Mientras que en el 2022 se produjeron 82 casos, de ambos tipos, en 2023 hubo 126 hechos. En lo que va del año (hasta el 31 de agosto) hay 108 procesos, sin embargo, quedan 4 meses por sumar.
La iniciativa busca quitar los beneficios estatales a los estudiantes de Educación Superior que cometan hechos de violencia y daños en casas de estudio.
El 3 de abril pasado, un grupo de alumnos agredió a una profesora y a una asistente en una protesta. Sólo uno de los alumnos siguió con la acción legal hasta el fallo.
