Las fiscalizaciones aumentaron a 678, y ya se realizaron 59 decomisos de productos en mal estado.
La vocera de la familia dueña del recinto, Rocío Esteban López, insistió en que la casa de reposo funcionaba legalmente. Familiares de víctimas aceptaron la decisión.
En 2010, un cambio en la ley ordenó que estos recintos debían contar con un certificado que garantiza el cumplimiento de las normas de protección contra incendios.
En las principales rutas se fiscalizará a automovilistas, y Transportes, además realizará mil controles a buses rurales e interurbanos para disminuir los 195 accidentes y cinco muertos que dejó como saldo la celebración en 2017.
El catastro llevado a cabo por la Seremi de Salud y Senama busca establecer lineamientos para regular dichos establecimientos.
