El espacio, de acuerdo a información proporcionada por la casa edilicia penquista, es un bien nacional de uso público que es administrado por la misma Municipalidad de Concepción.

Se realizó un estudio sobre la factibilidad de implementar un estándar de calidad obligatorio, destacando la importancia de esta regulación para mejorar la eficiencia y seguridad del biocombustible en el país.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Gonzalo Rojas Monje, quien se manifestó a favor de mantener la prisión preventiva.