Parlamentarios y analistas concuerdan en que es la única forma de fiscalizar a las autoridades de Gobierno y que rindan cuenta ante el Congreso. En la UDI, en tanto, sostienen que la utilización del instrumento debe ser justificado.

Con una aprobación que no supera el 20% y renuncias de sus representantes, la actual administración ahora suma un nuevo dolor de cabeza. Gremialismo explicó sus razones.

Proyecto presentado por la parlamentaria regional fue aprobado por la Cámara de Diputados y podría estrenarse en el plebiscito de abril.