Es efectivo que el Estado, en situaciones acotadas, puede interferir, por razones muy justificadas, en nuestras vidas, pero en ningún caso esto puede poner en entredicho el derecho al desacuerdo y a la libertad para expresarlas sin estar arriesgándonos a ser castigados.

El año 2000, desplegamos una estrategia de desarrollo regional que hizo una gran apuesta por lo científico, lo tecnológico y la innovación.