Las directivas socialistas, y de todos los partidos, son entidades controladas por los parlamentarios y los lotes que encabezan. La parlamentarización de los partidos con sus lacras, el clientelismo y los cacicazgos han corroído las bases de nuestra joven democracia y la eternización de los parlamentarios en sus cargos, lo que, a su vez, ha contribuido a la falta de credibilidad de la institución a la que pertenecen.

El Ius Puniendi, esto es, la potestad de crear delitos y establecer penas, pertenece de modo exclusivo y excluyente al Estado, ello por cuanto tan delicada labor, que permite disponer de la libertad de una persona (e incluso de su vida en aquellos Estados que contemplan la posibilidad de aplicar pena de muerte), no puede ni debe ser ejercida por los ciudadanos.

Se requiere contar con un buen sistema de testeo y rastreo. Se necesita contar con un líder como la primera ministra de Nueva Zelanda: una gobernante empática, que toma decisiones basadas en conocimiento.

No es posible resolver los problemas sociales en medio de una crisis económica recurriendo al aumento de la carga tributaria, pues asfixiaríamos la posibilidad de reactivar la economía y recuperar crecimiento y empleo.

Surgen a lo menos dos aspectos necesarios de reflexionar en lo relativo a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), frente a las potestades de una institución de labor particularmente delicada como un organismo de inteligencia.