La trascendencia de este momento requiere de nuestra parte la empatía suficiente para escuchar y dialogar, para que de la diversidad surjan, de cara a la Convención Constitucional, normas de convivencia mínimas y justas que sienten las bases de una convivencia democrática para los próximos años.
En nuestro país, la Carta Fundamental no consagra al derecho de herencia con rango constitucional, pero sí al derecho de propiedad.
La nueva normativa comunitaria fija seis criterios, en base a los cuales los actores del mercado financiero y empresas con más de 500 empleados deberán indicar cómo y en qué medida sus actividades tributan a ellos o declarar, claramente, que no se declaran “sostenibles”.
Es necesario diseñar una estrategia de desarrollo de cara a la oportunidad que la vía pacífica e institucional escogida para encauzar un camino común nos ofrece, para alcanzar un desarrollo más inclusivo, cohesivo y sostenible.