No debería ser difícil para los nuevos integrantes del Gobierno hacerse cargo con la mayor premura y no perder el contacto con la gente, una exigencia cada vez más crítica, en el nivel de clara advertencia.
La solución, con los recursos de nuestro estado de derecho, pasa por escuchar y actuar en consecuencia. Recoger la voz de la ciudadanía y transformarla en acciones efectivas a breve plazo y establecer un compromiso para avanzar progresivamente en aquellos aspectos de más compleja resolución.
La misma clase media, la que esperanzada, fue probablemente la que le diera una base política al actual gobierno, es la que percibe con mayor agudeza que sus expectativas no se estaban cumpliendo.
La institucionalidad chilena tiene que ser capaz de garantizar la justicia a cualquier ciudadana y ciudadano, en el marco de la ley; pero esta iniciativa, como la de otras instituciones de acción social, constituye un aporte importante para asegurar el respeto a los derechos de las personas en tiempos de conflicto.
Ya se han escuchado las primeras respuestas del mundo político y no han sido suficientes. Como se ha dicho en todos los tonos, faltan las otras voces, las de los diferentes colectivos sociales.
