De acuerdo a la encargada de la Unidad Jurídica del Gore Biobío, al tratarse de un preinforme de Contraloría, este mantiene un carácter reservado, por lo que no pueden referirse al mismo desde la institución.

El proyecto de ley tiene por objetivo actualizar el Código Procesal Penal para robustecer las medidas cautelares respecto de quienes cometen delitos de fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos, caracterizándolos como un peligro para la seguridad de la sociedad.

Asimismo, instituciones tanto de las regiones de Ñuble como del Biobío, combaten de forma conjunta el siniestro que, hasta el momento, ha consumido más de 160 hectáreas.

Hay disgusto desde la Asociación porque los funcionarios lograron, en base a negociaciones, un alza de solo un 4,3%.

Lo anterior coincide con lo planteado por el presidente de Arauco 7, el alcalde de Lebu Cristian Peña, quien aseguró que los problemas de seguridad en la Provincia se concentran en esa zona, mismo diagnóstico que comparten los contratistas forestales.

Desde la derecha manifestaron que no hay chance si es que el Gobierno pretende insistir y reintegrar la fórmula de la división del 6%. Por otro lado, la sensación común es que se debe legislar con urgencia.