El proyecto de ley busca facultar a directores para expulsar en menor tiempo a alumnos involucrados en hechos de violencia graves.
Tal como con Perú y las excepciones preliminares, el dictamen del máximo tribunal dejará esquirlas más allá del ámbito estrictamente jurídico.
El jurista, que también conoció de cerca el desenlace del litigio con Perú en 2014, advierte que no se puede adelantar el tenor de la argumentación de la corte para la demanda marítima boliviana.
Desde abril del año pasado un instructivo del Mineduc orienta la inclusión en establecimientos, sin embargo, el urgente proceso de asesoría experta sigue sin ser normado.
Por unanimidad el Concejo Municipal penquista instruyó la indagación interna por eventuales cobros excesivos.