El índice específico llegó al nivel de 43,6 puntos, mostrando un incremento de 0,2 unidades respecto al mes anterior.

Ley N° 21.015 obliga a empresas de 100 o más trabajadores a destinar el 1% de su dotación a personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.

Mientras uno prevé una mejoraría de la confianza y reducción de la incertidumbre, otro plantea efectos acotados en restaurantes y hotelería. Una tercera visión, ve aspectos negativos un poco más amplios.

Han podido llegar a más de 31 mil personas en situación de vulnerabilidad social en Biobío y Ñuble. El principal desafío para 2022 es sumar nuevos socios(as) y empresas.

Se aplicaría un 15% a empresas con facturación mundial sobre los 20.000 millones de euros y rentabilidad superior al 10%. El país ya cuenta con cargos entre un 25% y 27%.

Modificaciones publicadas el 24 de diciembre incluyen una ampliación de 3 a 6 meses del plazo de la garantía legal. Sería una de las reformas más profundas realizadas a este cuerpo normativo.