La normativa vigente establece plazos para que el jefe o la jefa comunal cumpla con sus obligaciones, pero no contempla sanciones en caso de incumplimiento.
Con el objetivo de fortalecer las facultades de los concejos municipales en vista de fomentar una mayor transparencia y mejorar las gestiones de los municipios, se ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que establece la solicitud directa de información a la dependencia municipal, por parte de los concejales, y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de los plazos establecidos por norma por parte del alcalde o alcaldesa.
Actualmente, los Concejos cuentan con distintas funciones y atribuciones, entre estas, se incluyen diversas responsabilidades que deben ser abordadas a solicitud del jefe comunal, junto con otras relacionadas con la gestión y desarrollo de la comuna, además de varias competencias que permiten al Concejo ejercer su rol fiscalizador.
No obstante, estas funciones presentan una particularidad: la ley establece plazos para que el alcalde o alcaldesa cumpla con sus obligaciones, pero no contempla sanciones en caso de incumplimiento.
Sobre la iniciativa, diputadas y diputados de la Región del Biobío analizaron la propuesta en base a la realidad local, y aseguraron que una iniciativa de estas características entregaría mayores garantías en materia de transparencia de las municipalidades. No obstante, algunos parlamentarios manifestaron que la propuesta, de llegar a ser ley, no puede transformarse en una “herramienta de bloqueo” para la gestión de las alcaldías.
“Cada instancia que permita un resguardo mayor al funcionamiento de los municipios es algo a priori positivo, pero esta iniciativa en particular toma mayor sentido cuando hemos sabido de contrataciones a lo menos cuestionables en algunos municipios por parte de las administraciones anteriores, en los clásicos ‘amarres’”, señaló la diputada del Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC).
De la misma forma, la parlamentaria complementó que “es positivo que se pueda establecer un contrapeso efectivo entre el alcalde y su concejo, quienes contarían con nuevas herramientas para fiscalizar”.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC), representante del Distrito 20, afirmó que la fiscalización es clave para una buena gestión municipal pero, con una iniciativa como esta, “no podemos permitir que se transforme en un arma de bloqueo político. Es preocupante que en lugar de fortalecer la gestión eficiente de los municipios, se busquen mecanismos que podrían generar más trabas administrativas y conflictos innecesarios”.
Para Arroyo es necesario “no más burocracia ni disputas entre autoridades. Si de verdad queremos mejorar la administración municipal, enfoquémonos en entregar más herramientas para una gestión eficaz y transparente, sin caer en paralizaciones por intereses políticos”.
La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), parlamentaria por el Distrito 20, si bien apoya la iniciativa, al igual que Arroyo, hizo la precisión en que la propuesta, de convertirse en ley, no se transforme en una herramienta de bloqueo para las gestiones municipales.
“Estoy de acuerdo con los alcaldes que han solicitado esta ley para fortalecer la fiscalización municipal, pero es fundamental que tenga financiamiento y facultades. Sin embargo, es clave que esta medida no se transforme en una herramienta de bloqueo político que termine generando más trabas administrativas y conflictos innecesarios”, precisó Pérez.
Asimismo, la parlamentaria agregó que “la fiscalización debe ir de la mano con mecanismos que garanticen gobernabilidad y eficiencia, asegurando que las diferencias políticas no afecten el desarrollo de las comunas ni las soluciones que necesitan los vecinos”.
Quien también se refirió a la propuesta que busca fortalecer el rol fiscalizador de los concejos municipales fue la diputada del Distrito 21, Karen Medina (Ind-DC). La parlamentaria sostuvo que “la fiscalización es clave para garantizar la transparencia en los municipios. Este proyecto es un paso fundamental para fortalecer el rol de los concejos municipales, permitiendo una mayor supervisión en la gestión de recursos y en la toma de decisiones, como la contratación directa y el uso adecuado de los bienes públicos”.
En la línea de que, según señaló, toda ley que refuerce los principios de eficiencia y transparencia beneficia directamente al país, para Medina la iniciativa “es un avance que asegura que los recursos municipales se usen de manera eficiente y en beneficio de las comunidades locales”.
