En la Región del Biobío, en el marco de la ley de Royalty Minero que se puso en marcha este 2025, 29 de las 33 comunas de la zona recibirán recursos del Fondo de Equidad Territorial (FET) por un total de $16 mil 319 millones, durante este año.
Bajo ese marco, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, en conversación con Diario Concepción, se refirió a los alcances del Royalty Minero y sus benficiones para la Región del Biobío.
Asimismo, Perales también se refirió a la intención de destrabar el proyecto de ley de Regiones Más Fuertes, que lleva cerca de 2 años en el Congreso, y la implementación del área metropilitana en el Gran Concepción.
Primero, para clarificar, la Ley del Royalty Minero se pone en marcha el año 2025 y el fondo que se estableció en 2024 fue un fondo transitorio, que se denominó Fondo Puente, que correspondía a un estimado del 50% de los recursos que el Royalty tenía que recaudar. Como entra en vigencia este año, entra con los recursos completos, es decir, US$450 millones estimados, distribuidos en tres fondos, uno es el Fondo de Productividad y Desarrollo, que está alojado los gobiernos regionales, que ya fue inyectado vía Ley de Presupuesto. Y ahora estamos haciendo el anuncio de los dos fondos, que son el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras, que se distribuyen en un total de 308 comunas del país, de las 345.
En el caso de la Región del Biobío, son 29 de las 33 comunas las que están recibiendo recursos con el Royalty en régimen propiamente tal, a través del Fondo de Equidad Territorial. Una muy buena noticia es que son recursos de libre disposición y además constituyen la mayor inyección de recursos al sistema de financiamiento municipal de la última década. Por tanto, estamos cumpliendo un compromiso que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric tomó con los municipios, pero también con la ciudadanía y, de esa forma, dar cuenta que el Royalty va a ser utilizado en requerimientos que sean locales y que pueda tomarse la decisión con autonomía local, respecto a su utilización.
-A partir de la Ley de Presupuesto del 2025, los municipios van a tener que informar una vez por año esos recursos. El punto importante ahí es que los recursos del Royalty contribuyen a mejorar el sistema de financiamiento municipal, contribuyen a la autonomía local, que es muy necesaria, y, al mismo tiempo, descentraliza recursos en el entendido de que el Royalty tiene que ver con una compensación hacia el país, porque en el fondo es una actividad productiva con un recurso natural que está en nuestro territorio nacional, que es el cobre.
Se ha dicho muchas veces que el cobre es el sueldo de Chile y, por tanto, se entiende como una compensación que se distribuye a lo largo y ancho de todo el país para que pueda ser utilizado en iniciativas que sean importantes para las comunidades.
-Es algo que nosotros queremos destacar de manera muy significativa y, además, este año los recursos son bastante mayores. Estamos hablando de $218 mil millones, que es más del doble de lo que fueron inyectados el año pasado.
Además en comunas de la Región del Biobío va a tener un impacto bien significativo. Por ejemplo, en Quilaco y San Rosendo van a aumentar sus ingresos en un 12% con estos recursos. Y, por otra parte, Chiguayante es la comuna que más aumento tiene, respecto al año anterior, ya que van a aumentar en un 246% los recursos del Royalty que recibió el año pasado.
-Yo diría que la descentralización siempre es un camino largo. No olvidemos que recién estamos en el segundo período de gobernadores regionales electos, independientes del Gobierno Central. La agenda de descentralización es una agenda muy política, porque se distribuye poder de cierta manera y se distribuyen recursos.
Entonces, por supuesto que es una agenda larga y hay que mirarla en su componente, pensando hacia dónde queremos llegar. Nosotros hemos puesto como tarea poder construir una Política de Descentralización, que esperamos que aproximadamente en mayo se haga pública y que fije un horizonte hacia dónde tiene que ir la agenda de descentralización, pensando particularmente en cómo le damos condiciones para que las instituciones subnacionales puedan responder ante la ciudadanía de mejor manera.
De hecho, si uno mira la situación del Caso Convenios, se puede decir que hay responsabilidades tanto individuales, como colectivas, de quienes administraban esas instituciones, pero también hay debilidades institucionales y, por tanto, dentro de la agenda de descentralización tiene que considerarse el rol de fortalecer los municipios y gobiernos regionales.
La tarea del Estado es actualizar las instituciones, responder de mejor manera y fijar un horizonte. Dentro de la agenda de descentralización, para este año, nosotros tenemos algunas tareas importantes y lo primero es el proyecto de ley de Regiones Más Fuertes, que es una iniciativa que le entrega un marco de descentralización fiscal significativo a los gobiernos regionales, que los homologa desde ser dependientes del Gobierno Central y los lleva a ser similares a una empresa pública, en términos de su autonomía, al mismo tiempo que le aumenta el estándar en en el uso de los recursos públicos.
El avance del proyecto de ley de Regiones Más Fuertes es lo más importante que se tiene que trabajar para darle un marco de mejor funcionamiento a los gobiernos regionales y que de esa manera el Gore pueda cumplir la tarea para la cual está mandatada, que es básicamente promover el desarrollo de una región. Esto porque, evidentemente, si las decisiones se toman más cerca de las personas, son más pertinentes y pueden ser más rápidas. En ese sentido, por eso pensamos que ese proyecto de ley tiene un impacto bien significativo, porque va a hacer que, de cierta manera, los gobiernos regionales no dependan de una Ley de Presupuesto, de la cual sí dependen en la actualidad y que sean más parecido a una empresa pública e incluso a un municipio, ya que los municipios también tienen autonomía en su gestión. Por otra parte, también vemos que hay ámbitos que son materia del Gobierno Central actualmente y que deben ser alojados en los gobiernos regionales.
-Nosotros tenemos una conversación abierta con los gobernadores regionales, a través de su asociación, y pusimos como punto de agenda importante, tanto para el Gobierno Central como para los gobernadores, el proyecto de ley de Regiones Más Fuertes, porque, además, la experiencia del primer periodo hace más importante que este proyecto de ley avance. Entonces, diríamos que ahí tenemos todo un acuerdo para impulsar esta agenda con fuerza. Por otra parte, hemos tenido conversaciones con parlamentarios, tanto de la Comisión de Hacienda como de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, para retomar esta discusión durante abril. Este proyecto ya tuvo un primer trámite y quedó truncado por el Caso Convenios, pero hemos visto mucha apertura y voluntad transversal de poder avanzar.
-Esta es una iniciativa que está ingresada en la Contraloría General de la República, el área metropolitana del Gran Concepción. Estamos esperando que esté la toma de razón, que nosotros creemos que no debería tener problemas, porque efectivamente el área metropolitana de otras regiones ya están creadas.
El punto del área metropolitana es poder entregar un instrumento de gobernanza hacia la Región para la conurbación, porque efectivamente cuando las ciudades se conurban, tienen una lógica en común. Me imagino que hay una cantidad importante de personas que trabajan en Concepción o en Talcahuano que son de San Pedro de La Paz, por ejemplo, o que se trasladan de una comuna a otra, o que tienen vías estructurantes entremedio, como puede ser el Biotren en este caso. Entonces, la idea del área metropolitana es constituir un departamento de gestión del área metropolitana en el Gobierno regional con funcionarios nuevos, es decir, que pueda crecer y que no signifique distribuir a otras personas que ya tienen una tarea dentro del Gobierno Regional.
Segundo, se crea un fondo de áreas metropolitanas, que va a permitir agilizar en materia de inversión metropolitana o cuestiones que no son tan fáciles de hacer. Por ejemplo, eventualmente podríamos, en conjunto con el Gobierno Regional, buscar iniciativas que podamos desarrollar particularmente en la conurbación. Y en tercer lugar, permite habilitar gobernanzas, como por ejemplo la del transporte público metropolitano. Eso quiere decir que puede alojar competencias en la Región y no depender solamente de lo que diga el Ministerio de Transportes en su nivel central. Entonces, básicamente, el área metropolitana es una oportunidad para buscar políticas más cercanas a la ciudadanía.
-El criterio de cuáles son las comunas está determinado por la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, que es la Ley 21.074, y que establece que las áreas metropolitanas se pueden lograr en comunas de cierta cantidad de habitantes, donde hay más de 250 mil habitantes, y que además tengan conmutaciones, es decir, que se trasladen de un momento a otro y que tengan bienes estructurantes entre medio. Entonces, todas las comunas que no están contempladas en el área metropolitana es porque no cumplen esos criterios, que no significa que eventualmente no puedan ser considerados en parte de la gobernanza que tengan, eventualmente, los alcaldes del área metropolitana. .
