El informe critica la lentitud del Gobierno en su respuesta, además de señalar deficiencias en la fiscalización de los gastos reservados. Por su parte, el oficialismo negó que se haya dificultado la entrega de información.
Recientemente La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de investigar los actos del Gobierno y las fuerzas de seguridad en relación con el ex subsecretario Manuel Monsalve aprobó su informe final.
Posterior al proceso de revisión y recopilación de antecedentes, dicho texto abordó todas las conclusiones acerca de la respuesta de las autoridades ante la denuncia contra Manuel Monsalve, el manejo de los gastos reservados y la transparencia en su gestión.
El texto redactado —principalmente por parlamentarios de oposición— apunta directamente a las responsabilidades que recaen sobre el Presidente Gabriel Boric, la exministra del Interior, el Ministerio de la Mujer, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Entre las conclusiones, se destaca que el Gobierno tardó en tomar decisiones luego de que se conociera la denuncia contra Monsalve. Además, se criticó la falta de liderazgo en el Ejecutivo y el manejo de los gastos reservados en la Subsecretaría del Interior. Respecto a este tema, se concluyó que hubo deficiencias tanto en la fiscalización de estos recursos como en la transparencia en su utilización.
Otro punto señalado en el informe fue la obstrucción al trabajo de la comisión, con dificultades para obtener información clave, así como la negativa de algunos funcionarios a responder las preguntas planteadas por los miembros de la comisión.
Durante la sesión de aprobación, el informe fue modificado mediante una enmienda propuesta por Tomás Lagomarsino, que fue respaldada por ocho votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra. Esta modificación estableció que el uso de los gastos reservados debe evaluarse bajo un enfoque técnico y legal, sin que se politice el tema.
Una segunda modificación se centró en la acusación formulada contra el Presidente Gabriel Boric. Pues, inicialmente, el informe le atribuía una actitud “cómplice” respecto a la permanencia de Monsalve en su cargo, pero este término fue cambiado por “negligente y deficiente”.
Dentro del Biobío, la diputada por el Distrito 21, Flor Weisse (UDI), integró la Comisión Investigadora 62 contra actos de autoridades tras denuncia contra el ex subsecretario Monsalve. Respecto al informe hubo tres aspectos cruciales para la diputada.
En primer lugar, Weisse se refirió a la demora del Gobierno en actuar tras conocer la denuncia contra el exsubsecretario, considerando que las autoridades dispusieron de información suficiente para su destitución inmediata.
Para ella, además, el Presidente no ejerció su liderazgo y decidió mantenerlo en reserva hasta que un medio de comunicación informara la situación. Por último, estimó que la aplicación oportuna de protocolos resultó deficiente.
Explicando los alcances del informe, la diputada por el Distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas), indicó que se dejó “afuera la arista penal que investiga Fiscalía en relación a la denuncia propiamente tal. Nosotros nos abocamos al control de responsabilidades políticas de ambos ministerios (Interior y de La Mujer)”.
“Aquí había tres informes, uno de la oposición, uno de la diputada Joanna Pérez y uno del oficialismo. Los tres primeros que se aprobaron se subsumieron en un mismo informe, y solo el del oficialismo es el que quedó fuera”, agregó.
A su vez, Weisse recalcó que también recalcó que el informe no busca una sanción directa ni una acusación constitucional, sino establecer medidas para evitar que estas situaciones se repitan en futuras administraciones.
Por contraparte, la diputada oficialista por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), señaló que “el informe final sobrepasa largamente las facultades con las que contamos los diputados y diputadas, e incluso la Corporación misma, conteniendo afirmaciones subjetivas, más allá de lo que se pudo comprobar en la Comisión Especial Investigadora, en donde incluso existen consideraciones de carácter penal”.
“Ahora bien, no podemos desconocer que existieron falencias al interior del Gobierno a la hora de enfrentar este caso, aunque en todo momento se ha mostrado la voluntad de cooperar con lo que la justicia requiera”, comentó.
