En general existe acuerdo respecto de la necesidad de este tipo de leyes. La complejidad está en dar una utilidad que sea efectiva en la entrada de cada establecimiento en el que se realizan apuestas.
Desde la Cámara de Diputados, específicamente la Comisión de la Familia, se solicitó al Ejecutivo el patrocinio de la ley que busca la prohibición de la entrada los deudores de pensión de alimentos a casinos de juego, centros de apuestas e hipódromos.
Abierto el debate hacia los demás diputados de la Región del Biobío, las opiniones difieren sobre el impulso a esta ley por la posibilidad real de concreción de la prohibición de entrada a los casinos. Pese a tener una intención atendible, consideran que es difícil de llevarla a la práctica.
Durante la semana pasada se discutió ampliamente este proyecto, entre los miembros de la comisión y la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva. En dónde se le destacó a la autoridad de Gobierno la necesidad del apoyo del Ejecutivo, ya que la ley incurriría en gastos.
La diputada Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano, es una de las autoras del proyecto y quien presidió esa última instancia de discusión en comisión, señaló que “primero, hay que considerar la invitación que le hemos hecho constantemente al Ejecutivo para que patrocine el proyecto. Y luego se presentan indicaciones de parte de los parlamentarios y del Ejecutivo para mejorarlo, así que espero se concrete el patrocinio. Todo proyecto ingresado está para trabajarse y perfeccionarse”.
La diputada Muñoz, destacó que uno de los puntos que se discutió fue la forma de hacer efectiva la normativa, frente a lo que indicó que “así llegamos a la posibilidad de un certificado de “no deudor”, que debe ser implementado por el Registro Civil, pero, irroga (provoca) gasto y por lo tanto necesita el patrocinio del Ejecutivo”.
Consultada, sobre los que ha ocurrido con la entrega de licencias de conducir a deudores de pensión, afirmó que “es lamentable lo que ha ocurrido con la Ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, de la cual soy impulsora, entiendo que los municipios están trabajando en corregirlo. Tal vez, este certificado de “no deudor” podría solucionar también esa situación, haciéndolo exigible para realizar el trámite y que fuera de acceso gratuito on line, como el de nacimiento o de antecedentes”.
El diputado Eric Aedo del partido Demócrata Cristiano, señaló que considera que el espíritu de la ley está bien intencionado. Pero, afirmó que “creo que esta ley queda absolutamente corta e insuficiente, con un ámbito en que hoy día no hay control efectivo y real, me refiero a los casinos populares, que llenan los centros de muchas de las ciudades del país, eso incluye a la ciudad de Concepción”.
“Entonces creo que no sacamos mucho, aunque sea un avance, con seguir fiscalizando, y habrá que hacerlo, en los casinos controlados por la superintendencia, casinos y juegos, pero también en los hipódromos, pero creo que el mayor problema va a seguir existiendo en estos casinos populares”, puntualizó.
Además, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, estableció que “uno espera de parte de las autoridades del Servicio de Impuestos Internos de los propios municipios que detengan esa proliferación de casinos que simplemente son tapaderas del crimen organizado”. Ya hoy día no hay fiscalización y probablemente ahí vamos a seguir teniendo apuestas bajo ningún tipo de control.
La diputada Flor Weisse, afirmó considerar que la ley tiene una intención positiva. “Creo que esta medida, aunque necesaria, no puede ser la única. Propongo que se conecten las bases de datos de los deudores con los sistemas de registro de casinos y otros recintos de apuestas, para que se pueda verificar de manera eficaz que los individuos no estén accediendo a estos lugares”, comentó Weisse.
“Una de las mayores dificultades que visualizo es el control efectivo sobre las plataformas de apuestas en línea, que muchas veces no están bien reguladas”, argumentó la diputada.
En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo del Partido Comunista, comentó que es fundamental que se logren crear instancias que protejan el bienestar familiar. “Realmente es difícil asegurar un cumplimiento efectivo de la ley si es que no se cuenta con una red de fiscalizadores extensa, pero algunas medidas que se podrían implementar tienen relación a validadores de los RUT, tal como se hace en los estadios”, expuso.
Finalmente, detalló que “me parece que tendría costos iniciales en relación a establecer un listado de las personas con prohibición de ingresar a casinos y otros lugares, pero también a la hora de fiscalizar”.
Para el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, con esta ley se están utilizando herramientas efectivas de presión. “Sin embargo, es clave garantizar que los recintos de apuestas tengan acceso a la información de los deudores y puedan fiscalizar de manera eficaz el ingreso. De lo contrario, se corre el riesgo de que la ley quede en el papel y no en la práctica”, manifestó el parlamentario.
Al respecto, la diputada independiente UDI Marlene Pérez, comentó que “esta iniciativa debe ser acogida por el Ejecutivo. La promesa de este Gobierno fue trabajar por la niñez, y hoy claramente está en deuda”. En el mismo sentido, argumentos que se necesita, además, de un sistema de fiscalización serio y real. “Con sanciones ejemplificadoras, porque una ley sin control es solo letra muerta”, argumentó.
Desde la perspectiva de la diputada Karen Medina independiente Demócrata Cristiana, apuntó que “hemos visto cómo algunas leyes han sido efectivas para asegurar el pago de la pensión de alimentos y la Ley Papito Corazón que permite a los tribunales ordenar el retiro de fondos previsionales para saldar estas deudas”.
Y también aseguró que algunos leyes siendo bien intencionadas, terminaron siendo letra muerta. Y comentó, como ejemplo que “en la práctica, la ley no se está cumpliendo en los mismos municipios han seguido renovando licencias sin mayor control”.
“Aunque suena bien sobre el papel, en la realidad será muy difícil de aplicar. Fiscalizar el ingreso a estos recintos privados es mucho más complejo que hacer cumplir una norma en los municipios, que ya han demostrado dificultades con la ley de licencias. ¿Cómo esperamos que espacios de recreación privada puedan controlar efectivamente quién entra y quién no?”, observó la diputada Medina.
Para la diputada independiente es mejor poner el enfoque en fortalecer los mecanismos que ya existen y que permiten interceptar los recursos directamente. “En las instituciones donde realmente se mueve el dinero, como la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos”, definió.
