Desde la Región del Biobío, los municipios han hecho un llamado urgente al Congreso Nacional para aprobar la nueva Ley de Seguridad Municipal. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) y alcalde de Hualpén, Miguel Rivera.

En específico, Rivera apuntó a que la normativa ayudaría a disminuir las brechas de desigualdad en materia de seguridad y también a reconocer el rol en la materia de los municipios, algo que actualmente no está explícito en la legislación. “Es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo desde las alcaldías, puesto que en muchas situaciones complejas en torno a la delincuencia quedamos amarrados de manos para la toma de decisiones, por tanto avanzar en disminuir dichas brechas de desigualdad en el acceso a la seguridad”, sostuvo el jefe comunal.

Asimismo, otro punto relevante de la iniciativa es que aumenta las penas a quienes agredan a guardias o patrulleros municipales durante el ejercicio de sus funciones y flexibiliza la contratación de personal para el área.

De acuerdo con el alcalde hualpenino, el proyecto también “aumenta la participación ciudadana en la elaboración y visado de planes comunales en la materia, así como también el fortalecimiento del rol preventivo de las municipalidades es algo que esperamos se concrete, porque es necesario contar con mayores atribuciones para enfrentar la delincuencia en nuestras comunas”.

Actualmente, las casas edilicias en Biobío cuentan con funcionarios y funcionarias denominados inspectores(as) municipales a quienes se les entrega la labor de fiscalización en las materias mencionadas.

En esa línea, Rivera explicó que, en los últimos años, también, complementan la acción de las policías en materias disuasivas a través del patrullaje preventivo y la asistencia a vecinos y vecinas en las más diversas circunstancias y, a su vez, entregan todos los antecedentes para el avance de procesos de investigación. “Es importante no perder de vista que los inspectores municipales no cuentan con atribuciones ni implementos para la persecución delictual, siendo estas materias competentes única y exclusivamente a las fuerzas de orden y seguridad, y su rol se instala más bien en cursar infracciones frente a faltas en las materias que les compete”, complementó el jefe comunal.

De la misma forma, Rivera explicó que “es importante considerar que la Seguridad Pública Municipal no acoge denuncias. Éstas deben realizarse siempre con las policías o a través de los portales que se han habilitado para la comunidad y, a diferencia de Carabineros o PDI, los inspectores municipales no utilizan armamento por lo que su área de acción se limita en procedimientos que puedan vulnerar su integridad física”.

Cabe precisar que la iniciativa se encuentra en el Senado desde mayo del 2024, cuando fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Uno de los puntos que ha entrampado la discusión, es la intención de algunos parlamentarios en integrar el gas pimienta y las pistolas no letales al proyecto. “La discusión acerca de dotar a estos funcionarios de elementos disuasivos no letales está relacionada directamente con lo anterior. Si bien un dispositivo eléctrico puede no ser letal de por sí, su uso estará siempre determinado por el criterio de quien lo opera. Por tanto, ese criterio debe estar basado en una formación adecuada que permita una batería de acciones disponibles”, aseveró el jefe comunal.

Según lo explicado por el alcalde Rivera, las principales dificultades en la gestión de la seguridad ciudadana a cargo de las municipalidades recaen en las expectativas y exigencias que la ciudadanía está realizando a toda la gestión pública en materias de seguridad. “La mutación de los aspectos más notorios de la inseguridad ciudadana ha puesto el acento en la necesidad insoslayable de enfrentar de manera coordinada esta situación, de acuerdo con las especificidades de cada actor”, dijo.