En la Cámara de Diputadas y Diputados surgió la idea tras lo acontecido con la presidenta de la misma Cámara, Karol Cariola.
Por Hugo Ramos Lagos
Recientemente, en el Congreso se abrió el debate sobre las condiciones estimadas por el Código Procesal Penal para llevar a cabo diligencias investigativas que involucren a mujeres embarazadas y/o puérperas. A raíz de aquello, en la Cámara de Diputadas y Diputados surgió la idea de otorgar protecciones judiciales especiales a las gestantes.
La propuesta fue bautizada por algunos sectores como “Ley Cariola” en medio de la investigación por posible delito de tráfico de influencias que involucró a la diputada y presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), donde las críticas al actuar del Ministerio Público no se hicieron esperar, debido a que, a pocas horas de haber dado a luz, se realizó un allanamiento en su hogar por parte de funcionarios policiales.
Con esto, la urgencia de establecer un marco legal acorde se hizo necesario para cierto sector del parlamento.
La idea pretende instruir que al momento de darse un allanamiento en la morada de una mujer embarazada —o que haya dado a luz con un plazo de 6 semanas—, el fiscal a cargo tendrá que proporcionar todas las medidas necesarias para resguardar su salud física y psicológica de la persona investigada, dictando así que el o la jueza a cargo pueda dilatar la diligencia, siempre y cuando no se ponga en riesgo la investigación o represente un riesgo a terceros.
En adición, estima que al realizarse un proceso, si la diligencia tiene el potencial de afectar la salud de la madre, o del que está por nacer, el fiscal y la policía deberán disponer la participación de personal de salud adecuado. Pudiendo el o la profesional evaluar la urgencia del allanamiento y postergarlo.
Asimismo, se adoptarán medidas especiales para garantizar la privacidad, confort y necesidades médicas de la mujer. Y por sobre todo, permitir a la mujer que deba comparecer ante el Ministerio Público o tribunales, tener la posibilidad de comparecer vía telemática junto a la prioridad en la agenda judicial, así evitando esperas largas.
Sobre la justificación médica detrás de la moción, la matrona encargada del Lactario del Hospital Guillermo Grant Benavente, María Olga Hernández, explicó que “desde el punto de vista biológico se pueden analizar dos cosas. La primera es el niño, el cual necesita 100 % a su madre, el niño depende de la madre o del cuidador principal”.
“También hay hartas necesidades biológicas que tienen que ver con los vínculos, que es lo que nosotros llamamos apego. Entonces tenemos por un lado la satisfacción de las necesidades biológicas básicas de sobrevivencia que tienen que ver con el confort, alimentación, deposición, cuidado del frío, etcétera”, añadió.
Por último, la profesional obstetra señaló que además de cubrir las necesidades básicas de los niños, el cuidador principal, generalmente la madre, debe estar muy pendiente de su bienestar emocional, ya que el apego se forma a través del vínculo con ellos.
Por supuesto, las críticas con respecto a la idea y su polémico timing surgieron desde la Cámara. Una de estas la expresó el diputado por el Distrito 20, Roberto Arroyo (PSC), quien señaló que no se puede “permitir que la justicia opere con criterios diferenciados según la situación de cada persona”.
“Si bien es clave garantizar un trato digno para las mujeres embarazadas, este tipo de medidas pueden abrir la puerta a distorsiones en el sistema judicial, afectando su imparcialidad y eficiencia. En lugar de crear excepciones, el esfuerzo debe centrarse en mejorar el acceso y la rapidez de los procesos para todos los ciudadanos”, sostuvo.
En paralelo, el diputado por el Distrito 20 y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), indicó que si bien “todos los parlamentarios y parlamentarias tenemos derecho a presentar nuestras propias mociones, no se trata de presentar proyectos para situaciones específicas —o que quieran resolver una situación específica— que se hayan vivido en un momento determinado”.
Para el parlamentario “hay mujeres que están detenidas, que son mamás y que están con sus hijos en prisión, sus hijos obviamente con un cuidado, asisten a centros de atención de niños. Lo quiero decir porque creo que no hay que legislar solo pensando en una situación específica que se ha vivido hoy día”.
“Creo que es una reflexión, un proyecto de ley que hay que mirar con serenidad, mirarlo con perspectiva del tiempo, y en ese sentido no estoy cerrado a que esto se discuta, pero creo que no es conveniente para resolver una situación en específico que hemos tenido, que se está viviendo, generalizarlo en un proyecto de ley de inmediato”, concluyó.
