Identificar una falsificación es una tarea compleja, según detalló experto, y la principal medida de seguridad es corroborar con la entidad emisora de la boleta su existencia.
En el último mes se ha dado cuenta de dos situaciones que han afectado a municipalidades de la Región del Biobío producto de la adulteración de boletas de garantías de importantes proyectos que significaban inversiones de recursos bastante altas.
Es por eso que desde el mundo municipal surge la idea de crear un registro de empresas que han presentado documentación fraudulenta de este tipo, principalmente, en transacciones públicas, vinculadas a contratos a través de licitaciones.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB) y alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, señaló que “sería muy bueno que nosotros generemos una base de datos para tener los nombres de aquellos oferentes que están incurriendo en eso. De alguna manera tener una interconexión entre los municipios”.
“De hecho, en el municipio que yo represento, en la Municipalidad de San Rosendo años atrás detectamos una boleta que estaba adulterada y pusimos a disposición del Ministerio Público los antecedentes y hoy en día ese oferente está vetado”, argumentó.
“Tiendo a pensar que estos son casos que no son recurrentes en todos los municipios, pero existen los protocolos como para poder recuperar esos recursos y también poder entablar demandas en contra de las personas, porque sin duda son delitos que afectan a la fe pública”, añadió.
El mismo jefe comunal comentó que la credibilidad de la propia municipalidad se afecta por la suspensión de actividades que están planificadas para el beneficio de toda comunidad.
En las unidades de asesoramiento jurídico, al encontrase con este tipo de situaciones se presentan los recursos legales que correspondan y poder así restituir estos fondos al Estado, comentó Acuña. “Se entiende de que la gran mayoría de los funcionarios y las funcionarias municipales están bien inspirados”, dijo.
Está el caso de Concepción que se conoció el año pasado de la empresa Geoparking, respecto del que aún se están investigando las responsabilidades administrativas al interior de la Municipalidad y se están pagando actualmente $600 millones por concepto de pagos pendientes a los trabajadores.
En tanto, en Coronel este mes desde el Gobierno Regional del Biobío solicitó poner término al contrato con Ingeniería y Construcciones Austral Spa y con Construcciones Benavente para la construcción del Espacio Público Villa La Posada, ya que ambas empresas presentaron una boleta de garantía adulterada de $255 millones. En este caso, la responsabilidad está en el proceso de verificación del Gore, según indicó la semana pasada Jorge Irribarra, director jurídico de la Municipalidad de Coronel. Igualmente, la Municipalidad de Coronel deberá pagar los sueldos de nueve personas.
Este tipo de pérdidas, ciertamente afectan al presupuesto municipal. Ante lo que surge la interrogante respecto de si existen formas de evitarlos. Fabián Huepe, Dr. en Derecho y docente de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, señaló que “tratándose de posibles boletas de garantía falsas, el tema no es fácil de pesquisar, porque se trata de la posibilidad que tiene un órgano administrativo de detectar un delito”.
“Si la boleta está muy bien adulterada, no se ve razonable cómo ello podría ser detectado por una unidad jurídica, de control o gestión en una municipalidad”, afirmó.
Lo que normalmente se haría es una revisión formal, es decir, que el documento efectivamente provenga de quien corresponda y que las sumas estén conformes al contrato. “Pero de ahí a detectar un documento adulterado, muy difícil”, afirmó el Dr. Huepe.
“Si la adulteración salta a la vista, o hay elementos serios que permitan presumir que el documento es irregular, es claro que la unidad de control debe manifestarlo, observar o reparar ese documento. Si no lo hace eventualmente el funcionario responsable de la omisión será objeto de una investigación disciplinaria”, estableció.
En cuanto a las alternativas para mejorar el sistema, el docente indicó que “el órgano de control implementara protocolos respecto de documentos con sumas importantes, o antecedentes de trascendencia, solicitando la verificación de los datos al organismo que emitió tal documento”.
Por otro lado, se puede oficiar al órgano beneficiario. “Pero la regla es que uno al analizar documentación parte de la buena fe de que ellos no están adulterados o falsificados ya que en caso de ocurrir no queda más que el ejercicio de acciones penales”, apuntó.
En cuanto a las medidas de resguardo en estos casos, Huepe expuso que las municipalidades también tienen una Unidad de Control y una Unidad de Administración y Finanzas, en que se podrían implementar sistemas de corroboración de datos y control en general para prevenir estas situaciones. “Pero, reitero, frente al delito, siempre pueden fallar los controles”, cerró.