La moción se aprobó en general en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Además, se inició la tramitación de un mensaje que modifica normas de autocontrol en materia de pesaje de carga.
Con 10 votos a favor, la comisión de Obras Públicas Transportes y Telecomunicaciones aprobó la idea de legislar un proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, con el objetivo de facultar el retiro de cables aéreos en desuso por parte de los municipios.
El texto se ingresó a trámite en agosto del año pasado y, de acuerdo a lo señalado por su autora, la diputada Ana María Gazmuri, la idea es restaurar y reponer la atribución que correspondía a las municipalidades, permitiendo el retiro de cables que no se usen.
“Con esta medida se espera evitar que, con temporales de lluvia y viento, se provoquen cortes prolongados de energía eléctrica y salvaguardar, así, el bienestar de las y los chilenos. Igualmente, se busca garantizar un entorno urbano más seguro y ordenado, evitando riesgos asociados a la acumulación de cables obsoletos”, indican desde la Cámara de Diputadas y Diputados.
Gazmuri indicó que, si bien la “Ley chao cables”, aprobada hace seis años, establecía dicha facultad para los municipios, está se eliminó en la ley de acceso a internet como servicio público.
Además, la diputada llamó a las autoridades a redactar el reglamento de la primera normativa mencionada. Sobre el punto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, dijo que el reglamento se encuentra en la Contraloría para su aprobación.
En cuanto al proyecto, Araya confirmó que el Gobierno presentó una indicación para perfeccionar la norma. La finalidad es agregar procedimientos y plazos. Junto a esto, se señalará que cualquier intervención municipal requerirá la coordinación con la empresa y apoyo técnico para su personal.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el asesor técnico, Miguel Moreno, dijo que comparten el sentido del proyecto. “Estamos ante una necesidad imperiosa, desde el punto de vista técnico y armónico urbanístico”.
Asimismo, agregó que la “telaraña de cables” sobrecarga los postes y los frontis de edificios de viviendas sociales, lo que, constantemente, es reclamando por los vecinos. Sin embargo, alertó que existen municipios con “cero ingresos”, que viven del Fondo Común Municipal. Esto dificulta la contratación de cuadrillas para el retiro de cables. Por ello, pidió al Ejecutivo un informe financiero para que los municipios puedan realizar dicha labor.
Por su parte, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, reconoció que el retiro de cables no es algo que quieran hacer, pero que es preciso realizar dicha tarea. Esto, debido a que las empresas no se hacen cargo del tema y no existe fiscalización.
Explicó que, ante el reclamo de vecinos, las unidades de emergencia se destinan a eso. Pero, insistió en que son recursos que no tienen. Como ejemplo mencionó que un equipo de tres personas y un camión trabajando en forma diurna implica un costo de 6 millones de pesos. Por esto, estimó que el tema lo debieran asumir las empresas que tienen millonarias utilidades.
El alcalde de Pirque, Jaime Escudero, que además es presidente de los municipios rurales, señaló que los escombros aéreos también afectan el turismo rural. Lamentablemente, acotó, los vecinos culpan a los municipios por no retirar el cableado.
En un segundo punto, el Gobierno, a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, presentó un proyecto que modifica las normas de autocontrol en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga.
La directora de Vialidad (S), Ximena Krause, planteó que se trata de una iniciativa presentada hace 12 años, en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, y que esta administración busca retomar. La motivación es el impacto que tiene en materia de vialidad el peso y los ejes, particularmente, en el diseño del pavimento y en la conservación y mantención del patrimonio vial.
Jorge Guerra, jefe del Departamento de Pesaje de la Dirección de Vialidad precisó que el objetivo del proyecto es fortalecer el sistema de autocontrol en el peso de vehículos de carga protegiendo la infraestructura vial de los riesgos de daños por sobrepeso y sobredimensión.
La idea es ampliar la definición de empresas generadoras de cargas para incluir a puertos, aeropuertos y centros de distribución. Y, al mismo tiempo, establecer la obligatoriedad de instalación de sistemas de pesaje y someterse a fiscalizaciones.
Con lo anterior se espera incluir a 76 nuevas generadoras de carga que podrán ser multadas en caso de no cumplir las normas establecidas.
Las y los legisladores valoraron que se fortalezca la fiscalización y llamaron al Gobierno a realizar más labores en terrero y en horarios de 24 horas, con plazas de pesaje móvil, sobre todo en zonas rurales. Estos territorios, lamentaron, se ven afectados por camiones con sobrepeso que dañan caminos asfaltados y puentes.