Este jueves, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción inició el proceso de la apelación que interpusieron seis intervinientes a las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Garantía de Coronel a tres de los imputados por el caso Puerto Coronel.
Entre los imputados está el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, a quien se le acusa por el presunto delito de cohecho. En específico, el Ministerio Público apunta que el jefe comunal habría recibido 21 pagos periódicos, por un total de $82 millones, provenientes de la empresa portuaria.
Vale recordar que, tras seis jornadas de formalización, el Juzgado de Garantía de Coronel resolvió definir la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, de carácter nocturno, para el alcalde mientras se desarrolla la investigación por un periodo de tres meses.
Tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el Ministerio Público apelaron a la resolución del juez Daniel Ortiz, solicitando prisión preventiva para el alcalde Chamorro, el expresidente del directorio de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, y el exconcejal de Coronel, Eduardo Araya.
Tras la definición de arresto domiciliario nocturno para Boris Chamorro, el procurador Fiscal de Concepción del CDE, Georgy Schubert, que actúa como querellante en la causa, sostuvo que “el juez sindicó que existen antecedentes de la existencia de cohecho y soborno y de la participación que tuvo el alcalde, Boris Chamorro”.
“Ese es el problema: la decisión permite ejercer el cargo con total normalidad, no obstante que el juez reconoce que hubo 21 sobornos con un total de $82 millones”, agregó Schubert.
Cabe señalar que el CDE también se querelló por la decisión del jefe comunal y de otros cuatro concejales -Ariel Durán, Osvaldo Campos, Francisco Reyes y René Lucero- de impulsar la condonación de una deuda cifrada en $1.286 millones, la que correspondía a patentes comerciales impagas de dos empresas durante 2020.
En detalle, los hechos ocurrieron en julio de 2020, en donde el alcalde pidió el voto favorable del Concejo Municipal para dos avenimientos que favorecían a las empresas Embotelladora Dos Banderas S.A e Inmobiliaria Mos Ltda. por patentes comerciales impagadas en dos periodos entre 2008 y 2019.