La Justicia dictó arresto domiciliario nocturno como medida cautelar para el jefe comunal en la indagatoria por presuntos sobornos, por lo que no se ve impedido de continuar en sus funciones. Ediles enfatizan en la presunción de inocencia, pero también destacan que harán revisión exhaustiva de la administración municipal.
Una semana se cumplió desde que el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, de carácter nocturno, para el alcalde de Coronel, Boris Chamorro. Esto en medio de la investigación por el presunto delito de cohecho en el marco del caso Puerto Coronel.
Y es que el juez Daniel Ortiz, encargado de dirigir la audiencia de formalización, resolvió que hay elementos de la existencia del ilícito y de la participación del alcalde en el mismo. “Este tribunal estima que en esta etapa procesal concurren los elementos, a lo menos a nivel indiciario, de la existencia del mismo ilícito y la participación de aquel imputado”, señaló el magistrado.
Vale recordar que el Ministerio Público está investigando al alcalde porque habría recibido un total de 21 pagos ilícitos provenientes de Puerto Coronel, sumando un total de $82 millones.
Según el persecutor, el exgerente de la empresa portuaria, Eduardo Hartwig, habría generado traspasos periódicos de dinero al alcalde durante mayo de 2022 a noviembre de 2023.
Con el arresto domiciliario nocturno determinado por la Justicia mientras se desarrolla la investigación que tiene un plazo de 90 días y que consta desde las 22:00 a las 6:00 hrs., junto con arraigo nacional, Chamorro no se ve impedido de cumplir con sus funciones como jefe comunal.
A pesar de que para el Juzgado de Garantía de Coronel, a nivel inicial, puede existir el delito de cohecho y hubo participación del jefe comunal, el juez Ortiz resolvió que “en cuanto a la necesidad de cautela se estima que se satisface también con la medida de arresto domiciliario en carácter de parcial nocturno y la cautelar de arraigo nacional”.
En la última sesión del concejo municipal coronelino, desarrollada el pasado 17 de diciembre, el alcalde Chamorro se refirió a su situación judicial y señaló que “estoy bastante satisfecho, primero, de finalizar un proceso que ha sido muy intenso, voy a mantener la prudencia frente al veredicto del Tribunal y el desarrollo de la investigación. Quiero ser enfático en manifestar y señalar que hemos colaborado más allá de lo que se nos ha solicitado y lo vamos a seguir haciendo, con total transparencia y responsabilidad”.
Igualmente, el jefe comunal comentó que durante la investigación va a reafirmar su inocencia.
“Confío plenamente en que pronto saldrá a la luz lo que ha significado la verdad y que se va a hacer justicia respecto de este hecho”, puntualizó.
Sobre el periodo determinado para la indagatoria, Chamorro complementó que “esperamos en 90 días poder iniciar este proceso, vamos a pasar a un modelo de juicio oral en lo penal y vamos a seguir colaborando y entregando, con la misma tranquilidad y con la misma transparencia, respecto de todos los antecedentes que en particular siento plenamente que injustamente se nos han imputado”.
También durante la última sesión del concejo, la medida cautelar del alcalde fue uno de los temas tratados. Específicamente, la concejala Valeska Carrillo le pidió al jefe comunal que explicara las acusaciones que hay en su contra y se refiriera al proceso de formalización.
Consultada por Diario Concepción, la concejala espera que la indagatoria, junto con destacar que existe la presunción de inocencia, “se pueda llevar a cabo en las condiciones en que la ley lo establece”.
Desde su rol como edil, Carrillo afirmó que “la fiscalización en el ámbito del desempeño municipal tiene que ser mucho más aguda en este periodo, toda vez que existan sospechas ciertas de que existe el delito de cohecho”.
En la misma línea, la concejala enfatizó que es clave que “la gente que estamos en cargos públicos deberemos tener una hoja de vida incólume, de que nadie nos pudiese tachar de nada, no es el caso del alcalde Chamorro, pero yo no lo puedo obligar a renunciar”.
Asimismo, la edil aseguró que como concejo municipal se deben revisar, en conjunto, las acusaciones contra el jefe comunal, considerando además la querella recién presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por fraude al Fisco, ahora en relación a millonarias deudas de la exembotelladora Llacolén, por concepto de patentes comerciales, que el municipio no cobró.
Por su parte, el concejal Manuel Pino señaló que la investigación contra el alcalde “se está viendo desde el punto de vista de cómo siguen los procesos judiciales. Se comprenderá que la situación no es fácil, pero tampoco podemos juzgar todavía mientras el juicio no determine efectivamente que el alcalde es culpable de los actos que se le acusan”.
De la misma forma, Pino manifestó que se mantiene muy respetuoso respecto de los actos jurídicos.
Paralelamente, el concejal Bryan Arellano indicó que el municipio y el concejo municipal se deben regir por la actual Ley Orgánica de Municipalidades para cualquier acción. “Confiamos en que los procesos puedan demostrar la verdad y está en un proceso judicial, entonces nosotros no tenemos mayor injerencia en eso”, dijo Arellano.
A su vez, el edil señaló que ahora es importante que continúen con su rol fiscalizador de la administración en Coronel y aseveró que “es nuestro deber fiscalizar el tema del Municipio de Coronel, ver bien los presupuestos, ver bien en todo lo que se gasta, oficiar, pedir auditoría. Hay que hacer el rol fiscalizador que todo concejal debe hacer”.
“El tema judicial es un proceso que lo tienen que ver los tribunales, nosotros no tenemos ninguna injerencia en eso (…) Él no es culpable todavía, eso está en proceso de investigación que va a durar tres meses”, agregó.
Arellano también se refirió a la suspensión de la militancia del alcalde por parte del Partido Socialista, partido del que también es parte el concejal, en medio de la investigación por el presunto delito de cohecho,
“Esto es una suspensión mientras dura la investigación, la investigación después si resuelve que es inocente, vuelve a ser parte del Partido Socialista”, explicó.
En la formalización, para el juez los elementos proporcionados en la audiencia formalización “son suficientes para justificar fundadamente la participación del imputado en las declaraciones antes indicadas, pues si bien no hay testigo directo en que se haya presenciado la entrega de dinero por parte de Olivares a Chamorro, para resolver dicha alegación no es esta”.
Asimismo, en base al delito de cohecho, el Tribunal determinó que basta que el funcionario público reciba un pago al cual no tiene derecho.
A pesar de que para el Juzgado de Garantía de Coronel, a nivel inicial, sí existe el delito de cohecho y hubo participación del jefe comunal, el juez Ortiz resolvió que “en cuanto a la necesidad de cautela se estima que se satisface también con la medida de arresto domiciliario en carácter de parcial nocturno y la cautelar de arraigo nacional”.
A su vez, el magistrado aclaró que “se trata de un sólo delito, del delito de cohecho, al cual se le atribuye el carácter de reiterado”.