Por Leonardo Carrera Zambrano

Diputados de la bancada del Partido por la Democracia (PPD) presentaron un proyecto de ley que obliga a los profesionales y establecimientos públicos de salud a atender a pacientes por bono afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), bajo la modalidad de “libre elección”.

La idea es que los especialistas estén suscritos al convenio de Fonasa para atender dentro del sistema público, buscando además la prohibición de que estos atiendan de forma preferencial a pacientes de Isapre y particulares, por sobre los usuarios del fondo estatal.

Quienes quedarían excluidos de esta propuesta son los funcionarios del sistema de salud que hayan hecho atenciones a pacientes de Fonasa durante 10 años ininterrumpidos desde la firma del convenio. Más aún, aquellos especialistas que obtuvieron su grado académico con becas o concursos públicos del Estado, podrán estar librados de la obligatoriedad luego de 15 años de prestaciones de servicios a pacientes del fondo público.

Aludiendo al compromiso del Ejecutivo tras el “perdonazo” a las Isapres, con respecto a fortalecer Fonasa, el principal gestor del proyecto, el diputado del distrito 26° Héctor Ulloa (PPD-Ind), justificó la propuesta en que “no pueden existir médicos que solamente atiendan por Isapre o, peor aún, médicos que solamente atiendan en forma particular”.

Apoyo en la Cámara

La propuesta de aplicar obligatoriedad de los especialistas a atender por bono de Fonasa -en la que se encuentra afiliado más del 85% de la población- aparenta tener un apoyo transversal entre representantes de la zona en la Cámara Baja.

Desde la bancada oficialista, el diputado Felix González (Independiente) sostuvo que “me parece que es una obligación ética por un lado, que tiene que traducirse a una obligación legal de atender a cualquier persona, sea cual sea el sistema de salud que la persona tenga”.

“Por supuesto que es un problema muchas veces, sobre todo con especialistas que no atienden por Fonasa, y algunos que tampoco atienden por Isapre y solamente atienden de manera particular. Eso aleja la salud de muchas personas”, declaró el diputado.

A sus palabras se sumó la parlamentaria Maria Candelaria Acevedo (PC), quien apoyó igualmente la propuesta -la que aún debe pasar por la Comisión de Salud de la Cámara Baja-, argumentando que “más allá de las iniciativas parlamentarias que puedan surgir, lo que necesitamos es que todos los actores empujen para fortalecer el sistema de salud pública y así dar respuesta a los múltiples requerimientos de los usuarios y usuarias.

Eric Aedo (DC), por su parte, argumenta su postura favorable a la discusión en la forma en la que, según afirma, pueda contribuir en la reducción de las listas de espera y la falta de médicos especialistas. “Esta es una medida que hay que apoyar y hay que alentar, y creo que es una idea que va a generar respaldo dentro de la Cámara de Diputados, y es una discusión que hay que abrir ahora ya”.

Por otro lado, las opiniones no cambian mucho desde los sectores opositores. Marlene Perez (UDI), si bien destacó que el proyecto está en una etapa temprana de discusión, puntualizó que “hoy tenemos una grave crisis en materia de salud, y si bien es importante defender la libertad del trabajo de los profesionales de la salud, también es esencial asegurar que Fonasa cuente con las condiciones y los incentivos necesarios para atraer a los médicos a atender a sus usuarios”.

También a favor de la propuesta del PPD estuvo la diputada Karen Medina (ex PDG), quien señalando el estado de colapso del sistema aludido, argumentó que “es necesario dar claridad que necesitamos a doctores que quieran atender por Fonasa, y si esto no está siendo de forma voluntaria, creo que hoy día es necesario abordar alguna ley que obligue a que la atención (de los profesionales de la salud) sea también por Fonasa, donde está la mayoría de los chilenos”.

Por último, Roberto Arroyo (PSC) indicó que, si bien es preferente al afirmar que la responsabilidad social de las empresas de salud se mantenga de forma voluntaria, “si no existe ese gesto, estoy de acuerdo en que para tener acreditación se les exige atender con todos sus especialistas a personas con bonos Fonasa. Basta de que la salud sea un negocio y no un derecho para quienes están más alejados de soluciones para sus problemas de salud”.

“Esperamos que los centros privados y quienes ejercen de manera privada también contribuyan en la solución a este tema tan importante para nuestra sociedad especialmente los más necesitados”, declaró el diputado Social Cristiano.

Colmed

Desde donde el proyecto de ley no tiene buenas impresiones es de parte de Álvaro Llancaqueo, presidente regional del Colegio Médico, acusando la propuesta presentada por el PPD de “inconstitucional”, ya que tal y como afirma, “vulnera la libertad de trabajo”.

El infectólogo argumenta su postura sobre la libertad de los médicos especialistas en atender en Fonasa, Isapre o de forma particular. Por consiguiente, los pacientes de Fonasa deben, por definición, ser atendidos en el sistema público. “No pueden obligar a hacer un trabajo. Si alguien quiere trabajar una jornada completa, o quiere trabajar una media jornada o no quiere trabajar y descontar de su renta, es libertad individual”, declaró.

Adicionalmente, el infectólogo se resiste a la propuesta parlamentaria debido a que afirma que el sistema de salud pública no cuenta con una falta de funcionarios que atienden a pacientes de Fonasa, ya que según señala, ya hay una cuota amplia de médicos especialistas que prestan atención de manera voluntaria a usuarios del fondo estatal.

Del mismo modo, Llancaqueo señala que, debido a la norma vigente, no hay una real necesidad de una ley que obligue a los funcionarios a atender a pacientes de Fonasa. “Una de las cosas que establece la Constitución es que debe haber una retribución justa al trabajo realizado, y por lo tanto, esa obligatoriedad ni siquiera necesita una ley, basta que pidan que se hagan”, señaló.

Desde esta perspectiva, el presidente regional del Colmed se mostró más favorable a una alianza público-privada de los funcionarios de la salud, dados sus resultados en emergencias sanitarias, como la ocasionada durante la pandemia del Covid-19.

Del mismo modo, afirma que desde el Colegio Médico se planteó un plan de 3 años para designar fondos exclusivos para atención de pacientes en lista de espera, priorizando los casos más urgentes o de carácter crítico, además de crear un ente fiscalizador.

“Que haya una cantidad de recursos destinados a hacer estos procedimientos y que estos procedimientos, además, se hagan y se controle que el dinero se gastó en eso. Que no se gaste en la comisión, en la subcomisión o en burocracia, por así decirse”, expresó Llancaqueo.