Fiscalía había pedido prisión preventiva: los argumentos de la Justicia para dejar al alcalde Chamorro con arresto domiciliario

Tras 6 largas jornadas de formalización, el Juzgado de Garantía decretó las medidas cautelares para 4 de los 7 imputados por el caso Puerto Coronel.

Entre los imputados que resultaron con cautelares para que se desarrolle la investigación, está el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien quedó con arresto domiciliario nocturno, desde las 22 hrs a las 6 hrs, y arraigo nacional, lo que no le impedirá cumplir con sus funciones como jefe comunal. 

Vale recordar que Chamorro está siendo investigado por el presunto delito de cohecho, al ser acusado de recibir sobornos provenientes de la empresa Puerto Coronel. Por la indagatoria, la Fiscalía había solicitado la cautelar de prisión preventiva para el alcalde. 

Fue así que el juez Daniel Ortiz, encargado de dirigir la audiencia de formalización, resolvió que hay elementos de la existencia del ilícito y de la participación del alcalde. “Este tribunal estima que en esta etapa procesal concurren los elementos, a lo menos a nivel indiciario, de la existencia del mismo ilícito y la participación de aquel imputado”, señaló el magistrado.

Para llegar a esa conclusión, el juez Ortiz complementó que “ha de tenerse en consideración en que constan las declaraciones del mismo imputado Hartwig y Olivares, quienes refieren efectivamente un pacto por el cual se acordó entregar sumas de dinero al entonces alcalde de Coronel originalmente por un monto de $3 millones y posteriormente se aumentaron a $4 millones”. 

“Existen cadenas de mensajes de Whatsapp y mensajes en que dan cuenta que el imputado Chamorro se reunió en varias oportunidades con el señor Olivares”, agregó el magistrado.

Para el juez los elementos proporcionados en la audiencia formalización “son suficientes para justificar fundadamente la participación del imputado en las declaraciones antes indicadas, pues si bien no hay testigo directo en que se haya presenciado la entrega de dinero por parte de Olivares a Chamorro, para resolver dicha alegación no es esta”. 

Asimismo, en base al delito de cohecho, el Tribunal determinó que basta que el funcionario público reciba un pago al cual no tiene derecho.

A pesar de que para el Juzgado de Garantía de Coronel, a nivel inicial, sí existe el delito de cohecho y hubo participación del jefe comunal, el juez Ortiz resolvió que “en cuanto a la necesidad de cautela se estima que se satisface también con la medida de arresto domiciliario en carácter de parcial nocturno y la cautelar de arraigo nacional”.

A su vez, el magistrado aclaró que “se trata de un sólo delito, del delito de cohecho, al cual se le atribuye el carácter de reiterado”.

El Ministerio Público acusó al alcalde de recibir 21 pagos por parte de la empresa portuaria, 18 de los cuáles habrían sido cometidos bajo la nueva Ley de Delitos Económicos. Sin embargo, el juez desestimó la aplicación de aquella norma en la indagatoria contra el jefe comunal de Coronel y afirmó que “respecto de la aplicación de la ley 21.595, también este sentenciador estima que no es aplicable la especie por los motivos anteriormente señalados”.