El Juzgado de Garantía de Coronel decretó el arresto domiciliario parcial para Boris Chamorro, jefe comunal reelecto, quien fue formalizado por delitos de corrupción junto a otros seis imputados.
Por una semana se extendió la formalización de cargos del caso Puerto Coronel, y este lunes tras las casi 10 horas que duró la última jornada de audiencia, es que el Juzgado de Garantía decretó las medidas cautelares para 4 de los 7 imputados.
La determinación de la Justicia trató de: arresto domiciliario total y arraigo nacional para Eduardo Hartwig, expresidente y fundador de Puerto Coronel; arresto domiciliario nocturno y arraigo para Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas de la compañía; arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Víctor Olivares, ex contratista y presunto puente entre Puerto Coronel y la Municipalidad; y arresto domiciliario nocturno y arraigo para Boris Chamorro, alcalde reelecto de la comuna.
Sobre este último, la decisión del tribunal de primera instancia dista bastante de la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.
De hecho, de haber quedado con esa cautelar, esto significaba que si se cumplían 45 días con Chamorro imposibilitado de poder ejercer su cargo en el municipio, debía asumir un nuevo alcalde.
Vale precisar que el arresto domiciliario nocturno, el jefe comunal lo deberá cumplir entre las 22:00 hrs y las 06:00 hrs en su hogar ubicado en Boca Maule, Coronel.
El procurador Fiscal de Concepción del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Georgy Schubert, que actúa como querellante en la causa, explicó que “el juez sindicó que existen antecedentes de la existencia de cohecho y soborno y de la participación que tuvo el alcalde, Boris Chamorro”.
“Ese es el problema: la decisión permite ejercer el cargo con total normalidad, no obstante que el juez reconoce que hubo 21 sobornos con un total de $82 millones”, agregó Schubert, adelantando que evaluarán una posible apelación a las cautelares definidas por el juez Daniel Ortiz.
Esto último también es materia de estudio del ente persecutor, como anunció el abogado asesor de la Fiscalía Regional, Mauricio Lártiga.
Una vez que terminó la audiencia es que Boris Chamorro habló con la prensa afuera del tribunal donde se remitió solo a dar su versión sin responder preguntas, al mismo tiempo que era acompañado por un grupo de adherentes.
“Estamos muy contentos pero a la vez somos sumamente prudentes con el veredicto del tribunal, con lo que ha sido esta investigación. Hemos colaborado más allá de lo que siempre nos han solicitado y vamos a seguir colaborando, porque tenemos la confianza completa y la fuerza necesaria para seguir manifestando nuestra inocencia”, manifestó.
De la misma forma, el jefe comunal enfatizó que “voy a continuar con la misma fuerza, con la misma convicción y, sobre todo, con el apoyo soberano del pueblo, dirigiendo los destinos de nuestra ciudad de Coronel”.
Por su parte, el abogado defensor del líder comunal, Waldo Ortega, dijo que “estamos conformes, porque lo que nosotros queríamos evitar era precisamente el tema de la prisión preventiva, convencidos de la total y absoluta inocencia de Boris (Chamorro)”.
Vale recordar que la hipótesis del Ministerio Público trata de que Boris Chamorro habría recibido un total de 21 pagos ilícitos provenientes de la empresa portuaria, sumando un total de $82 millones.
Según el persecutor, Eduardo Hartwig, habría generado pagos periódicos de dinero al alcalde durante mayo de 2022 a noviembre de 2023.
Los presuntos movimientos se habrían generado por instrucción del expresidente del Puerto a Daniel Chamorro, entonces gerente de administración y finanzas de la compañía, quien de paso se habría coordinado con Víctor Olivares, quien, según Fiscalía tendría calidad de proveedor y prestador de servicios del Puerto a través de su empresa, con el objetivo de que pudiera emitir facturas de su empresa Transol, las cuales que darían cuenta de supuestas prestaciones hacía Puerto Coronel S.A., que, en lo concreto, habrían sido inexistentes como, por ejemplo, mejoramientos de caminos interiores.
Así Olivares habría remitido cotizaciones de servicios a Puerto Coronel y Daniel Chamorro, por parte de la compañía portuaria y, según la Fiscalía, generaba las correspondientes órdenes de compra. Tras aquello, aseguró la Fiscalía a lo largo de la formalización, se habrían efectuado las transferencias desde la cuenta corriente del terminal marítimo a la cuenta corriente de Transol. De ahí que el propio Olivares habría entregado dinero en efectivo al alcalde coronelino.
De acuerdo con el Ministerio Público, son cinco las facturas ideológicamente falsas que emitió la empresa de Olivares a Puerto Coronel para realizar los presuntos traspasos de dinero.
Los otros tres imputados quedaron sin cautelares. Se trata de Javier Anwandter, exgerente de Puerto Coronel; el excontratista Hernán Romero (hermano del parlamentario local, Leonidas Romero); y Eduardo Araya, exconcejal de la comuna.
Los formalizados enfrentan cargos por delitos de corrupción como cohecho y soborno. La Justicia dictó un plazo de 3 meses para la investigación.